El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, ha sido objeto de sanciones económicas y de viaje por parte de la administración Trump, convirtiéndose así en la primera persona que trabaja para el tribunal en enfrentar estas medidas restrictivas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva en la que instruye al secretario del Tesoro, Scott Bessent, y al secretario de Estado, Marco Rubio, a presentar un informe en 60 días identificando a las personas que debían ser sancionadas. El nombre de Khan fue incluido en un anexo que aún no ha sido hecho público.
Las personas incluidas en la lista negra tienen prohibida la entrada a Estados Unidos, así como a sus familias, y sus activos en territorio estadounidense están congelados. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, elogió la medida durante su visita al Congreso, calificando a la CPI de «escandalosa» y amenazante para la defensa de las democracias.
La medida contra la CPI, con sede en La Haya, por parte de Trump se repite tras una acción similar durante su primer mandato, cuando impuso sanciones a empleados del tribunal relacionados con una investigación sobre presuntos crímenes de guerra cometidos en Afganistán por tropas estadounidenses.
El fiscal jefe Khan, de nacionalidad británica, visitó Nueva York recientemente para informar al Consejo de Seguridad de la ONU sobre Sudán. Ante estas medidas, la ONU espera que se respeten las obligaciones del país anfitrión en virtud del acuerdo de la sede de la ONU.
Tanto Estados Unidos como Israel argumentan que no están sujetos a la jurisdicción del tribunal, a pesar de no ser miembros del mismo. La orden de Trump incluye una declaración de emergencia nacional para hacer frente a la «amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos».
