Dos demandas legales han sido presentadas con el fin de detener la decisión del gobierno de Estados Unidos de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) de los migrantes venezolanos en 2023. Este beneficio expirará el próximo 7 de abril, lo que ha llevado a migrantes y grupos de apoyo a iniciar una batalla legal el jueves 20 de febrero para impedir que Donald Trump cumpla con su objetivo.
La primera demanda fue presentada en California por la Alianza Nacional TPS y ocho venezolanos beneficiarios de este estatus. Argumentan que la decisión de finalizar el TPS para los venezolanos tiene motivaciones racistas. José Palma, coordinador de la Alianza Nacional TPS, afirmó que los beneficiarios venezolanos están en el país de manera legal y que regresar a su país en este momento no es seguro.
Por otro lado, en Maryland se introdujo una segunda demanda que busca impugnar la medida que pone fin al TPS para los venezolanos en 2023. Se basa en la Quinta Enmienda de la constitución de EE. UU., que establece que el gobierno no puede tomar medidas con motivaciones discriminatorias.
La defensa legal se presenta como la principal arma de los venezolanos con TPS en Estados Unidos. La demanda en California podría prosperar, tomando como referencia otras acciones legales anteriores que lograron detener el fin del TPS durante el primer mandato de Trump.
Si alguna de las dos demandas tiene éxito, los venezolanos con TPS podrían permanecer en el país con el mismo estatus. En caso contrario, aún podrían solicitar asilo, siempre y cuando cuenten con elementos convincentes para las autoridades estadounidenses, considerando las posibles demoras en cada caso.
