Bajo Ley de Amnistía liberan a detenido por estafa, legitimación de capitales y asociación

Amparada en la recién aprobada Ley de Amnistía, fue liberado en Nueva Esparta un procesado por delitos de naturaleza económica, según la acusación formal que hiciera en su momento, año 2022, el Ministerio Público en Nueva Esparta.

La información trascendió en fuentes tribunalicias. Se trata del ciudadano Amilton David Vásquez García, a quien le fueron imputados los delitos de “estafa continuada, legitimación de capitales y asociación”, luego de comprobarse su participación en un desfalco de dinero, y aunque la reciente ley se reduce a cerrar ciclos de confrontación política, le fue aplicada a este caso de crimen organizado y financiero.

La información fue confirmada por Doménico D´Alfonso, demandante de la causa. Explicó que Vásquez estafó a su empresa del ramo hotelero con el uso de una cuenta paralela en divisas, por lo que fue privado de libertad, y con asombro conoció sobre la boleta de excarcelación con fecha 22 de febrero 2026, ya que reconoce que el desvío patrimonial, la manipulación de ingresos, la legitimación de fondos y la estructura organizada para cometer fraudes no guardan relación con protestas, persecuciones ideológicas ni conflictos electorales.

“Jurídicamente no hay conexión política en este tipo de imputaciones. Extender el clima de la amnistía a procesos por criminalidad económica no solo es una interpretación forzada, es una distorsión peligrosa del derecho penal”, afirmó de acuerdo a lo que le han señalado sus abogados.
Dijo que la situación actual de Vásquez es “excarcelado, libre y prófugo”, ya que también conoció que salió del país, pues aparentemente la liberación se dio sin los controles estrictos a un procesado por este tipo de delitos.

Para el empresario, tan preocupante como la injusticia que vivió su empresa, es que, “mientras el país debate sobre amnistías vinculadas a hechos políticos, un procesado por delitos financieros graves obtiene libertad y desaparece del radar judicial. La amnistía no fue concebida para blindar delitos económicos ni para generar espacios de indulgencia procesal