El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela recibió a los representantes del Centro Carter para discutir la posibilidad de una observación internacional en las elecciones presidenciales de 2024. El presidente del CNE, Elvis Amoroso, afirmó que no desean injerencia y enfatizó la importancia de la imparcialidad para fomentar la participación de los observadores internacionales. La visita de la delegación del Centro Carter es parte de una serie de reuniones con partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y otras instituciones, incluido el CNE.
La directora del Centro Carter para América Latina, Jennie Lincoln, encabeza la delegación y busca evaluar si la organización puede participar en misiones de observación electoral. Esta evaluación forma parte del acuerdo de garantías políticas y electorales firmado entre el chavismo y la oposición en Barbados el pasado octubre.
Durante la reunión, participaron representantes del Centro Carter, incluyendo asesores senior para América Latina y el Caribe, así como analistas electorales. Por parte del CNE, estuvieron presentes los rectores principales, entre ellos Elvis Amoroso, Carlos Quintero, Rosalba Gil, Aimee Nogal y Juan Carlos Delpino, junto con sus suplentes.
Cabe destacar que la última misión de observación electoral en Venezuela fue la de la Unión Europea en noviembre de 2021, la cual recibió ataques y cuestionamientos por parte del chavismo. Los miembros de esta misión tuvieron que abandonar el país antes de lo previsto y no pudieron presentar su informe final de recomendaciones. En dicho informe, la misión de la Unión Europea solicitó independencia para el CNE y el Poder Judicial, se opuso a las inhabilitaciones de candidatos y llamó a no utilizar la Ley del Odio como coacción.
Según el acuerdo de Barbados, se contempla invitar a organizaciones como la Unión Europea, el panel de expertos de la ONU, la Unión Africana, la Unión Interamericana de Organismos Electorales y el Centro Carter para observar el proceso electoral presidencial, siempre respetando los derechos de los actores políticos a invitar a acompañantes nacionales e internacionales dentro del marco legal.
