El viernes 15 de diciembre, María Corina Machado, la ganadora de las primarias opositoras, presentó una reclamación y un amparo cautelar ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con el objetivo de que el máximo tribunal confirme que no existe una inhabilitación en su contra. Machado alega que nunca fue notificada del procedimiento ni pudo ejercer su derecho a la defensa.
Los abogados Gustavo Manzo, constitucionalista, y Alí Daniels, codirector de la ONG Acceso a la Justicia, consideran que el TSJ se está demorando en su respuesta a la dirigente de Vente Venezuela. Según Manzo, el amparo cautelar presentado por Machado debería haber sido respondido con celeridad en un plazo máximo de 48 horas, ya que se trata de una violación de derechos constitucionales.
Machado recurrió a este tipo de recurso judicial porque alega que nunca ha sido notificada de la sanción en su contra y no existen pruebas documentales que respalden la apertura de un procedimiento que condujo a su inhabilitación de 15 años, anunciada por la Contraloría General de la República en junio de 2023. Estas acusaciones surgieron a partir de una solicitud del diputado José Brito para que el organismo aclarara la situación de Machado antes de las primarias.
Según el artículo 49 de la Constitución, toda persona tiene derecho a la defensa y a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, así como a acceder a las pruebas y disponer del tiempo y los medios adecuados para ejercer su defensa. Además, el artículo 26 de la Carta Magna establece que toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, garantizando una justicia imparcial, idónea, transparente, autónoma e independiente sin dilaciones indebidas.
Para Daniels, el TSJ debería haber anunciado su decisión el lunes 18 de diciembre, y si se toman en cuenta los días hábiles, debería hacerlo a más tardar el jueves 21 de diciembre. Sin embargo, Daniels señala que el alto tribunal suele tomar decisiones basadas en razones políticas en lugar de jurídicas, por lo que es posible que se retrase aún más en su respuesta.
En medio de las liberaciones de presos políticos estadounidenses en Venezuela y su intercambio por el empresario colombiano Alex Saab, se ha especulado que el TSJ podría emitir un pronunciamiento sobre las inhabilitaciones políticas. Manzo también sugiere que la demora del TSJ podría estar relacionada con las negociaciones políticas y el acuerdo de Barbados, en el que se establece el levantamiento de las inhabilitaciones mientras el gobierno de Maduro lo niega.
Manzo destaca la influencia de la política en esta situación, ya que según las encuestas, una candidatura presidencial de María Corina Machado llevaría una gran ventaja sobre la de Nicolás Maduro. Además, Manzo señala que el TSJ no podrá retrasar mucho su decisión debido a las obligaciones pendientes en el proceso de negociaciones internacionales y a posibles exigencias más claras por parte de Estados Unidos.
En resumen, María Corina Machado introdujo una reclamación y un amparo cautelar ante el TSJ para confirmar que no existe una inhabilitación en su contra. Los abogados consideran que el TSJ se está demorando en su respuesta y sugieren que esto puede deberse a razones políticas. Además, se especula que el tribunal podría emitir un pronunciamiento sobre las inhabilitaciones políticas en medio de las negociaciones y el acuerdo de Barbados.
