El presidente de la Asamblea Nacional (AN) de 2020, Jorge Rodríguez, ha ordenado retomar la ley para la fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en Venezuela, después de casi un año de haber sido aprobada en primera discusión.
Rodríguez instó a los diputados a participar en la discusión pública de este instrumento jurídico, que comenzará el viernes 12 de enero. Según sus palabras, es responsabilidad de la AN consultar con los venezolanos y las organizaciones involucradas en esta ley para lograr una segunda discusión fructífera y su sanción final.
En la primera discusión, realizada el 24 de enero de 2023, el jefe de la fracción del Psuv, Diosdado Cabello, presentó un proyecto de ley de 17 artículos. Cabello argumentó que existen ONG venezolanas financiadas por países como Estados Unidos que buscan desestabilizar al gobierno y que era necesario legislar para detenerlo. Aseguró que las organizaciones dedicadas a la labor humanitaria no tenían nada que temer.
Entre las organizaciones mencionadas por Cabello en su proyecto de ley se encuentran Súmate, Provea, Futuro Presente, Lidera, Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro y Más Ciudadanos, vinculada a la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).
Uno de los artículos más polémicos del proyecto de ley es el número 15, que establece los supuestos en los que un juzgado puede ordenar la disolución definitiva de una ONG. Estos supuestos incluyen recibir aportes destinados a organizaciones con fines políticos, realizar actividades políticas, promover o permitir actuaciones que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República, y cualquier otro acto prohibido por la legislación venezolana. Además, el artículo 16 contempla la imposición de multas.
ONG como Acceso a la Justicia, Laboratorio de Paz y Civilis han denunciado que esta ley, que ha estado «congelada» hasta ahora, busca la «persecución política» y forma parte de un «patrón de criminalización» contra aquellos que defienden los derechos humanos en el país.
En cuanto a otros acontecimientos en la Asamblea Nacional, se ha aceptado la renuncia del diputado del Psuv por Yaracuy, Juan Manuel Díaz Ocariz, sin especificarse las razones de su dimisión. A lo largo de 2023, tres diputados fueron desincorporados de sus cargos. El caso más destacado fue el del exministro Hugbel Roa, a quien se le levantó la inmunidad parlamentaria en marzo para enfrentar un juicio por corrupción en Pdvsa. También se recuerda que en 2022, las diputadas Taína González y Jeikar Pérez Gómez fueron implicadas en un escándalo de narcotráfico y también fueron expulsadas de la AN de 2020.
