El Gobierno del presidente Bernardo Arévalo de León presentó una denuncia penal y una solicitud de antejuicio contra la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras Argueta, por el supuesto delito de «incumplimiento de deberes».
Según la Procuraduría General de la Nación y la Secretaría General de la Presidencia, la fiscal general habría violentado la ley al negarse a reunirse con Arévalo de León el pasado 29 de enero en una junta de gabinete, donde se esperaba coordinar políticas conjuntas.
Consuelo Porras Argueta ha sido señalada internacionalmente por supuestamente intentar impedir la investidura de Arévalo de León el 14 de enero pasado con una serie de acciones judiciales tras su victoria electoral del 20 de agosto de 2023.
El procurador general de la nación, Julio Saavedra, afirmó que la fiscal general incurrió en una «conducta delictiva» al no asistir a la junta de gabinete a la que había sido citada por el presidente, y en consecuencia, se presentó una solicitud de antejuicio en su contra.
Porras Argueta se presentó a la reunión del 29 de enero pero se retiró antes de iniciar, argumentando que no era la forma legal de sostener una reunión con el presidente, invitándolo posteriormente a reunirse en las instalaciones del Ministerio Público (Fiscalía).
El Gobierno de Arévalo de León espera que los tribunales ordenen el nombramiento de un fiscal especial para investigar las implicaciones de la actitud de Porras Argueta. Mientras tanto, el Ministerio de Gobernación ha mantenido reuniones con la fiscal para coordinar acciones en materia de seguridad.
La presión sobre el Gobierno de Arévalo de León ha aumentado en las últimas semanas, con diversos sectores de la población exigiendo la dimisión de la fiscal general. Tanto Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea han sancionado a la fiscal general y la cúpula del Ministerio Público por considerar que sus acciones contra la victoria electoral de Arévalo de León ponen en peligro la democracia del país centroamericano.
Con información de efectococuyo.com
