En medio de la consolidación de la candidatura unitaria de Edmundo González Urrutia en el Consejo Nacional Electoral (CNE), se han impuesto nuevas prohibiciones políticas contra líderes opositores.
En esta ocasión, las recientes sanciones impuestas por la Contraloría General de la República (CGR) afectan a los integrantes de Primero Justicia (PJ), Carlos Ocariz, Tomás Guanipa y el representante de la MUD ante el Poder Electoral, Juan Carlos Caldera, así como a los alcaldes de El Hatillo, Elías Sayegh y de los Salias, Josy Fernández, exmiembros de Fuerza Vecinal (FV).
El presidente de la consultora Poder y Estrategia, Ricardo Ríos, y el politólogo Enderson Sequera consideran que estas medidas son una respuesta a los esfuerzos a favor de la unidad opositora, y están preparando el terreno para eliminar algunos liderazgos de cara a las elecciones regionales y parlamentarias que se llevarán a cabo en 2025.
“En estrategia se dice que la amenaza siempre es más efectiva que la aplicación. Es decir, te amenazo con hacer daño si no cumples mis deseos. En este caso, PJ habría sido presionada para no respaldar al candidato unitario, y al hacerlo, se expuso a las represalias del gobierno”, explicó el consultor Ríos.
Complicaciones para PJ
Durante las negociaciones dentro de la oposición para definir la candidatura unitaria en la figura de González Urrutia, se rumoreaba que el sector de PJ liderado por Henrique Capriles, quien se retiró de las primarias de 2023, respaldaba la aspiración presidencial de Manuel Rosales.
Por otro lado, Ocariz, Caldera, Juan Pablo Guanipa y la presidenta de PJ, María Beatriz Martínez, optaron por apoyar a María Corina Machado y tomar decisiones en consenso con la Plataforma Unitaria.
“Las inhabilitaciones buscan profundizar las divisiones dentro de la oposición. Anulando posibles competidores del partido Fuerza Vecinal en las elecciones regionales en Miranda, se busca que este partido siga respaldando la candidatura de Antonio Ecarri, lo que podría restar votos a Edmundo González y perjudicar la candidatura unitaria”, señaló Sequera.
En cuanto a Sayegh y Fernández, lideraron las voces disidentes de FV que rechazaron la no participación del partido en las primarias y ahora apoyan a González Urrutia. Otros miembros activos de FV expresan su inconformidad por la adhesión de la tarjeta de esa organización a la candidatura presidencial de Antonio Ecarri y anuncian su apoyo al diplomático de carrera.
“Esta jugada complica la situación de PJ y de sus cuadros para una eventual participación en las elecciones parlamentarias de 2025 y regionales. Es una estrategia retaliativa que va más allá de las amenazas y prepara el terreno para futuras negociaciones en las regionales, tanto para los aliados del gobierno como para el gobierno mismo”, agregó Ríos.
Mensaje claro: nadie está a salvo
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anunció el lunes 22 de abril su decisión de mantener la intervención sobre PJ, iniciada en 2020, y devolver el control al disidente José Brito, luego de casi cuatro años en un limbo sin representantes legales.
Este fallo permitió al Poder Electoral otorgar a Brito una prórroga para adherir la tarjeta a una candidatura, formalizando así la participación de la tolda intervenida en las elecciones presidenciales del 28 de julio.
“Es importante destacar que todos los dirigentes inhabilitados pertenecen a corrientes moderadas de la oposición. Esto envía un mensaje claro: ni siquiera la moderación es un escudo contra la represión institucional del gobierno”, advirtió Sequera.
Historial de prohibiciones
El pasado 16 de marzo, Juan Pablo Guanipa, dirigente de PJ, fue inhabilitado para ejercer cargos públicos, al igual que el exgobernador del Táchira y excandidato a las primarias, César Pérez Vivas. Guanipa recibió una sanción de la Contraloría en febrero de 2021 por 15 años, mientras que no se conocía ningún procedimiento previo contra Pérez Vivas, aparte de una inhabilitación por siete años que expiró en 2022.
María Corina Machado, ganadora de las primarias opositoras, fue impedida de postularse como candidata presidencial debido a una inhabilitación impuesta por la CGR por 15 años a partir de 2023. Esta medida, considerada ilegal, fue ratificada por el TSJ en enero de este año.
En enero de 2024, se ratificó la sanción de 15 años contra Henrique Capriles, fundador de PJ, que está vigente desde 2017. También se encuentran inhabilitados otros líderes opositores como Juan Guaidó, Marco Quiñones, Armando Armas, entre otros.
Otra inhabilitación polémica fue la de Freddy Superlano, exdiputado de 2015, después de ganar la elección de la gobernación de Barinas en las regionales de 2021. El TSJ ordenó repetir los comicios, que fueron ganados nuevamente por la oposición.
