Las redes de trata de personas que reclutan mujeres para explotación sexual en España están enfocando cada vez más su atención en América Latina, especialmente en Colombia y Venezuela, aprovechando la situación económica precaria o la desesperación de las víctimas para escapar de la violencia, según datos oficiales y de organizaciones no gubernamentales.
Según fuentes del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado en España (CITCO), se ha observado un aumento en el porcentaje de víctimas latinoamericanas en los últimos años, siendo las más vulnerables mujeres colombianas, venezolanas y paraguayas en su mayoría con edades entre 28 y 32 años.
El año pasado, la Policía y la Guardia Civil de España rescataron a casi trescientas víctimas de estas redes, siendo la mayoría de Colombia (137), seguidas por Venezuela (44) y Paraguay (32). También se registraron casos de Brasil (10), República Dominicana (9), Uruguay (3), Cuba (3), Argentina (2) y Perú (1).
España se ha convertido en un punto de referencia para los migrantes de habla hispana debido a los lazos con América Latina y a la presencia de comunidades numerosas de estas nacionalidades en el país. La situación económica y de seguridad en los países de origen ha llevado a un aumento en la vulnerabilidad de las mujeres, que son engañadas con ofertas de empleo y luego obligadas a saldar una deuda inexistente en burdeles.
Organizaciones como Accem brindan apoyo a las víctimas, ofreciendo asistencia jurídica, psicológica y ayuda en la búsqueda de empleo y alojamiento. Sin embargo, muchas de estas mujeres se encuentran en situación irregular en España y temen recurrir a las autoridades por temor a represalias.
Desde el CITCO se destaca que las víctimas tienen derechos que garantizan su protección y recuperación, incluyendo asistencia jurídica gratuita, acceso al sistema de salud público y permisos de residencia y trabajo excepcionales para quienes se encuentren en situación irregular.
Las fuerzas de seguridad españolas colaboran estrechamente con organizaciones sociales y organismos internacionales para brindar apoyo a las víctimas y llevar a cabo investigaciones conjuntas con las autoridades de los países de origen. Es fundamental proteger también a las familias de las víctimas en sus lugares de origen.
Con información de efectococuyo.com
