La reciente aprobación por parte de la Asamblea Nacional de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y por la Defensa de la Patria ha generado una serie de reacciones tanto dentro como fuera del país, encendiendo las alertas en diversos sectores.
Constitucionalistas, activistas de derechos humanos y la Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Asociación y Asamblea, Gina Romero, han expresado su preocupación ante esta nueva legislación.
La Relatora Especial de la ONU manifestó su inquietud a través de un mensaje en una red social, señalando que la Ley Simón Bolívar podría ser utilizada para perseguir a ciudadanos y activistas, lo que representa una amenaza para la libertad de expresión y asociación.
Esta ley, compuesta por 23 artículos, establece duras sanciones para aquellos considerados “traidores a la patria”, incluyendo penas de cárcel de 25 a 30 años, inhabilitaciones políticas de hasta 60 años y juicios en ausencia. Además, se contempla castigar a los medios de comunicación que difundan mensajes de apoyo a sanciones internacionales contra el gobierno de Nicolás Maduro.
El polémico artículo 23
Uno de los puntos más controvertidos de la ley es el artículo 23, el cual según Romero, podría ser utilizado para perseguir a la sociedad civil y activistas. Este artículo establece la creación de un registro nacional para identificar a personas o entidades que se consideren contrarias a los valores del Estado, imponiendo medidas restrictivas para mitigar el daño que puedan causar a la República Bolivariana de Venezuela y su población.
La relatora advierte que este tipo de legislaciones ambiguas pueden ser utilizadas para controlar el disenso, perseguir a defensores de derechos humanos y limitar la libertad de expresión y asociación en el país.
Con información de efectococuyo.com
