La ex secretaria del Departamento de Seguridad Interior (DHS) bajo la administración de Donald Trump, Kristi Noem, ha expresado su desacuerdo con la decisión reciente de extender el Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos y salvadoreños. Noem ha calificado esta medida como «alarmante» y ha advertido sobre los riesgos asociados con el aumento de pandillas que, según ella, están causando problemas en varias ciudades de Estados Unidos.
Noem ha insistido en que el TPS fue concebido como un programa temporal y ha cuestionado la decisión del gobierno de Biden de extender el beneficio por 18 meses más. Esta extensión beneficiará a más de 600,000 venezolanos y más de 230,000 salvadoreños que residen en el país.
Durante su comparecencia ante el Senado, Noem expresó: «Esta extensión de más de 600,000 venezolanos es alarmante, cuando ves lo que hemos visto en diferentes estados, incluido Colorado, con pandillas causando daño».
La preocupación de Noem sobre la ampliación del beneficio TPS se vio reforzada por la difusión de un vídeo en Colorado que mostraba a latinos armados dentro de un edificio durante los días de la campaña electoral de Trump. A pesar de las afirmaciones de algunos simpatizantes de la derecha de que la localidad de Aurora estaba siendo aterrorizada por migrantes latinoamericanos, las autoridades locales desmintieron estas informaciones.
Noem ha afirmado que la protección de las fronteras contra el tráfico y la inmigración ilegal será la «prioridad máxima» de la administración entrante. Enfatizó que el presidente Trump fue elegido con un mandato claro y que es necesario cumplir esa misión en materia migratoria.
Trump ha prometido lanzar la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos para enfrentar lo que describe como una «invasión» migratoria. Entre sus principales medidas se encuentran invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, reforzar el muro fronterizo con México, contratar 10,000 agentes adicionales y reinstaurar el programa Quédate en México.
Además, Trump busca eliminar las ciudades santuario, restringir beneficios sociales y federales para quienes se encuentren en situación irregular, limitar programas como el TPS y cancelar la plataforma CBP One utilizada para agendar citas migratorias. La administración entrante considera que estas políticas refuerzan el control migratorio, uno de los pilares centrales de su agenda de gobierno.
