Un grupo de activistas por los derechos humanos solicitó el martes 28 de enero a la Corte Penal Internacional (CPI), a la Organización de Naciones Unidas y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aumentar la presión sobre el Estado venezolano para la liberación de los presos políticos y para asegurar condiciones adecuadas de reclusión. Durante una rueda de prensa, familiares de los presos políticos en Venezuela alertaron a los organismos internacionales sobre la situación de más de 1.600 personas que siguen detenidas, destacando que la desaparición forzada y otras violaciones de derechos humanos se están normalizando en el país.
Estos familiares denunciaron que a los presos políticos se les niega el derecho a la defensa y se viola el debido proceso, al no cumplir con los estándares legales establecidos por las leyes nacionales e internacionales para las personas privadas de libertad. Diego Casanova, miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela, expresó que en el país hay una violación sistemática de los derechos fundamentales de los presos políticos, donde no se garantiza el derecho a la vida ni se les proporciona acceso adecuado a alimentación, agua y medicación. Además, señaló que las muertes bajo custodia son un triste recordatorio de las condiciones de reclusión de estos presos.
Además, indicaron que los tratos crueles, degradantes y humillantes constituyen una violación de los derechos humanos que causan daños tanto psicológicos como morales a los detenidos y a sus familiares. Sairam Rivas, pareja del activista Jesús Armas detenido en El Helicoide, instó a los organismos internacionales de derechos humanos a pronunciarse sobre la situación, calificándola como crímenes de lesa humanidad. Exigió que intervengan para detener las detenciones arbitrarias, otorgar libertad, permitir visitas y llamadas durante este período de represión injusta.
A través de un comunicado, el grupo de familiares solicitó a Nicolás Maduro y al fiscal general, Tarek William Saab, revisar todos los casos de personas encarceladas por motivos políticos y otorgarles la libertad. Esta petición se suma a los esfuerzos por garantizar los derechos humanos y la justicia en Venezuela.