«Para Solórzano, el «ofrecimiento» de ayuda y apoyo es sospechoso
«¿Un régimen que es responsable del asesinato de Fernando Albán y de Costa Arévalo y que mantiene 300 prisioneros políticos, puede cuidar a alguien? ¿Por qué tantas agresiones que hemos denunciado no las investigan? Porque en Venezuela no hay estado de derecho».
Estas preguntas y su respuesta fueron expresadas por la dirigente de Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, la noche del pasado lunes en referencia a las declaraciones de los voceros del oficialismo, comenzando por el propio Nicolás Maduro y pasando por el fiscal Tarek William Saab, quienes han ofrecido investigar las denuncias sobre amenazas de muerte que ha recibido la candidata a las primarias.
Solórzano, a través de un video publicado en sus redes sociales, adelantó que el jueves de esta semana tiene previsto ofrecer una rueda de prensa para explicar con detalles todo lo relacionado con esas amenazas, «porque saben que me gusta la transparencia».
Pero, ante las palabras de Maduro y sus voceros, la dirigente se mostró cautelosa al respecto,
«Me han avisado que el fiscal y que el Gobierno van supuestamente a investigar las amenazas de muerte que yo he recibido (…) He visto a voceros del Gobierno decir que quieren poner a nuestra disposición su sistema de seguridad, lo digo entre comillas, para cuidarnos, nuevamente entre comillas», dijo.
A la candidata a las primarias del 22 de octubre le surgieron varias interrogantes al saber de la supuesta «ayuda» o «protección» que le ofrece la administración de Maduro.
«Nosotros tenemos varias preguntas sobre esto. ¿Por qué la agresión en Vargas no tuvo investigación también? Las agresiones contra María Corina, ¿por qué no tienen investigación? ¿Las recibidas por Henrique Capriles tampoco? Porque simplemente en Venezuela no hay estado de derecho. Aquí todos los candidatos de la primaria corremos el mismo riesgo y el mismo peligro», alertó.
Agregó que sus sospechas en torno a este ofrecimiento es porque Maduro pretende usar su caso y ofrecerle ayuda a conveniencia.
«Pretende utilizar» su denuncia para «justificar», ante la comunidad internacional, «una existencia del Estado de derecho», que aseguró, «no existe en el país».
«Nosotros no vamos a estar aquí para andar amparando vagabunderías, ni mucho menos para que se pretenda utilizar nuestro nombre para justificar, tal vez frente a la comunidad internacional, una supuesta existencia del Estado de derecho que en Venezuela no existe», dijo.
