El gobierno de Nicaragua lanzó duras críticas al Vaticano el pasado domingo, calificándolo de «depravado» y «pedófilo» en respuesta a declaraciones del obispo Rolando Álvarez, quien fue expulsado a Roma hace un año tras ser encarcelado durante meses. En un comunicado de la cancillería, el gobierno nicaragüense acusó a la Santa Sede de ser responsable de crímenes de lesa humanidad y de usurpar el nombre de Dios para dominar, conquistar y robar patrimonios materiales y culturales.
El obispo Álvarez, a pesar de estar en el exilio desde su expulsión, sigue siendo considerado como la «cabeza visible» de las provincias de Matagalpa y Estelí, al norte de la capital. El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha expulsado a cientos de sacerdotes católicos, incluyendo a líderes como el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Carlos Herrera, y al obispo Isidoro Mora de Siuna.
Las acusaciones del gobierno nicaragüense contra el Vaticano se enmarcan en un contexto de tensiones entre la Iglesia Católica y el gobierno de Ortega. Este último ha señalado a la Iglesia de apoyar las protestas en su contra en 2018, que dejaron más de 300 muertos según la ONU, y ha sido acusado de instaurar un régimen autoritario desde que asumió el poder en 2007.
Las declaraciones del gobierno de Nicaragua reflejan una postura crítica hacia la institución religiosa, acusándola de comportamientos impropios e intolerables, y subrayando la necesidad de rechazar cualquier forma de apoyo a acciones que consideran contrarias a los intereses del país. Este enfrentamiento entre el gobierno y la Iglesia Católica en Nicaragua evidencia una división profunda en la sociedad nicaragüense y plantea desafíos tanto para la libertad religiosa como para la estabilidad política del país.
