Después de algo más de año y medio de las elecciones regionales, la paciencia elevada a un nivel cartujano de la ciudadanía, comienza a dar signos de decepción; aunque tímida en principio, cada día es mayor la convicción de una nueva estafa a la credulidad y a la esperanza. Resulta difícil para el hombre o mujer de a pie, comprender que los últimos rayos de luz que alumbraron el pasado reciente, y a cuyo esplendor se apostó en medio de las tinieblas que se vivió en las administraciones locales, ello debido a la ingobernabilidad impuesta desde el centralismo oprobioso y desconsiderado, resultase un espejismo, una imagen fantasmagórica creada por el deseo de hacer construcciones oníricas que sustituyan una hora extendida de calamidades.
Puede entenderse la prudencia como estrategia, tal vez como insumo para la convivencia, con el fin último de conciliar posiciones en una metodología conducente al principio “win win” (ganar, ganar); El dilema se presenta cuando se contabilizan los dividendos de tales ganancias, y la especificación de beneficiarios; Descontando que las pérdidas son asumidas por la población. Reconocer el esfuerzo, la capacidad de ceder en temas de gran impacto, para recibir los aportes que por mandato constitucional corresponde a cada región, no basta; menos satisface a una población que sortea las tribulaciones, porque para ellos y sus necesidades no hay tiempo para la espera; Otra cosa sería, si desde la parte baja de la tarima se apreciaran resultados tangibles, quizás un vestigio de personalidad jurídica y pudor institucional ante el bypasseo de las normas por agentes directos de un centralismo absurdo, desconocedor de las necesidades puntuales de cada pueblo.
Aquel slogan “dentro de la constitución todo, fuera de la constitución nada”, hace rato dejó de ser un valor “filosófico” para convertirse en un cliché, una burla programada, ensayada y puesta en escena con todas las herramientas que la tecnología permite, para la difusión y persuasión de un juego sin salidas. Repugna cuando seres de inteligencia discutible, se ufanan en repetir: “ni por las buenas, ni por las malas”; Creerán que el miedo paralizante es eterno, sin entender que las instituciones ven pasar a hombres y mujeres, buenos y malos, brillantes y obtusos, valientes y también cobardones desprestigiados en su accionar; más, siempre la institucionalidad reaparece y prevalece. Ir siempre de la mano del estado de derecho, aunque este se encuentre soslayado, impúdicamente sodomizado por la barbarie, es y debe ser una ruta firme e incuestionable para las personas de bien. La Constitución aunque inobservada, violentada y preñada por desafueros jurídicos, es y será siempre perfectible; A ella (la Constitución) no hay normas sobrevenidas impuesta por una mayoría circunstancial y sin probidad, o por sentencias sin fundamento lógico que vulneran los principios generales del Derecho que elimine su vigencia; y a ello es donde debe conducir el pensamiento y la acción ciudadana.
A saber el texto constitucional en su preámbulo se plantea como fin supremo, la “refundación” de la nación, para “establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica […] en un estado de justicia, federal y descentralizado”. Lo dispuesto en el artículo 4, título I, de los principios fundaméntales, por su parte, desarrolla el principio administrativo que rige el carácter federal y descentralizado del país. A partir de tal premisa no puede ninguna ASAMBLEA NACIONAL, u otro ente legislativo local despojar (por una parte) o renunciar (en segundo plano) a las competencias que el constituyente otorga a los estados, y a las materias bajo su responsabilidad.
Comprometer la gestión de los entes descentralizados, genera consecuencias catastróficas para la institucionalidad, para la democracia en su esencia, pero sobre todo para el administrado; en este caso el ciudadano quien confiere la representatividad mediante el sufragio. Otorgar poder a operadores políticos para el manejo de los recursos correspondiente a los ejercicios fiscales de los gobiernos locales, no solo es claudicación, además constituye un acto punible si se entiende la competencia como intransferible, irrenunciable, obligatoria y de orden público. No podemos olvidar, que durante mucho tiempo se han violentado las normas y se usurpan funciones administrativas mediante figuras inexistentes en la constitucionalidad bajo el ejercicio de gobiernos paralelos. Toda autoridad usurpada sin embargo, es nula de toda nulidad, según principios que trasciende a las fronteras (eso hay que recordarlo). Indiscutiblemente, los nuevos actores de la usurpación conocen el terreno, saben de la responsabilidad personalísima de cada actuación, sus efectos y no prescripción como delito contra la cosa pública. Gentilmente se ofrecen como intermediarios, deseosos de corregir entuertos; más en la práctica continúan administrando partidas que deben ser regidas por quienes llevan la carga de la responsabilidad en la ejecución de presupuestos, bajo la mirada apacible de quienes deberían ser contralores de los procesos. Obviamente, la propaganda oficial tanto en los entes de la administración central, como de los gobiernos regionales habla de corresponsabilidad, cooperación y concurrencia.
La realidad y la Ley dice otra cosa, entreguismo y usurpación son dos caras de una misma moneda. La constitución se exhibe como letra muerta y el Estado Federal Descentralizado, es una farsa; con gobiernos que ceden por comodidad o por conveniencia sus competencias a la tutela directa de funcionarios que se abrogan el monopolio de la honestidad, prudencia y capacidad de ejecución, aun cuando en la práctica desconocen las necesidades de una población. Los resultados: servicios en decadencia, anarquía en la administración, falta de estímulo y sentido de pertenencia de la población laboral y finalmente una parodia de instituciones que se desmoronan; y cuya recuperación cada día se hará más cuesta arriba.
