El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa rechazó este martes las políticas migratorias que están siendo aplicadas a los venezolanos en EE. UU. y exigió que, a quienes se les niegue su proceso, se les permita «el retorno seguro y expedito a Venezuela» y no sean trasladados «a un país recóndito al otro lado del mundo».
Guanipa exige «deportación directa y segura» al país para venezolanos rechazados en EE. UU.
A través de sus redes sociales, Guanipa afirmó que, aunque respeta «el derecho de cada país a implementar sus leyes migratorias», como venezolano tiene «el deber de defender el honor y la dignidad» de los connacionales alrededor del mundo.
«La angustia de varios migrantes en los Estados Unidos y en varios países del mundo ha conmovido y trastocado a miles de familias», escribió el opositor.
Guanipa destacó que en EE. UU. la migración venezolana «ha sido un ejemplo de superación y ha provisto ayuda a sus familiares en el país», por lo que señaló que «hoy son ellos los que necesitan de nuestro apoyo» como ciudadanos de Venezuela.
Aseguró que la mayoría de las personas que tienen un proceso migratorio pendiente son «trabajadoras, de bien, cumplidoras de las leyes y productivas», por lo que «el trato hacia ellos debe ser acorde con esto».
Reconoció que nadie «tiene derecho a quedarse a vivir en otro país sin cumplir con las normas» vigentes, pero afirmó que la negación de un proceso migratorio «no justifica mantener a padres y madres de familia durante meses en centros de reclusión» cuando, según dijo, «su única falta es salir a trabajar».
«A quienes se les niegue su proceso migratorio, se les debe dar la opción de un retorno seguro y expedito a Venezuela, no a un país recóndito al otro lado del mundo», expresó.
En ese sentido, Guanipa consideró que «la única solución para la crisis migratoria venezolana» pasa por «encarrilar al país hacia elecciones libres».
La declaración ocurre en el marco de las intervenciones federales en el estado de Florida, donde se han intensificado las redadas y operativos de control migratorio ejecutados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Recientemente, la alcaldesa del Doral, Christi Fraga, afirmó que se ha instalado «el temor entre familias, negocios y comunidades enteras», al punto de que «algunos padres estarían evitando llevar a sus hijos al colegio y los comercios registran menos movimiento».
Indicó que la ciudad ha enviado cartas y hecho llamadas a la administración federal para explicar lo que están viviendo, pero reconoció que «llega un punto donde no saben qué más hacer».
Por su parte, el Departamento de Policía de Doral aclaró que no colabora con ICE ni participa en labores de aplicación de las leyes de inmigración.
