Colombia, Ecuador, Perú y Chile incumplen sus obligaciones internacionales para proteger a las personas migrantes que huyen de Venezuela, denunció este jueves Amnistía Internacional (AI) en su informe «Regularizar y Proteger».
Según detalla el documento, estos cuatro países albergan a casi el 70 % de los 7,3 millones de ciudadanos venezolanos que huyeron debido a la emergencia humanitaria compleja y las violaciones masivas de derechos humanos que se cometen en el país.
Se trata de un éxodo de magnitud comparable a los registrados en la huida de la guerra de Siria o la migración en el Mediterráneo occidental, afectando a todos los países de la región latinoamericana y caribeña.
Cuáles problemas tienen estos países
Adeline Neau, investigadora para las Américas de AI, dijo a Efe que estos países presentan «varios problemas comunes», como limitaciones al acceso a servicios básicos y lentitud en la regularización de su situación migratoria, además de la falta de protección a quienes entran en la definición de refugiados según la Declaración de Cartagena de 1981.
«Es decir que los cuatro Estados que incorporan esta definición (refugiado sin reservas) deberían poder proteger a estas personas, y rara vez lo hacen. Las cifras de personas reconocidas como refugiadas son muy bajas», subrayó Neau.
«En Perú, el sistema está saturado, casi cerrado. En Chile, en 2022 solamente cuatro (personas) fueron reconocidas como refugiadas. Ahí se ven prácticas que violan los derechos humanos y bloquean el acceso al asilo», agregó la especialista.
Sistemas de asilo debilitados
El informe de AI enfatiza que los países estudiados no priorizan el uso de la figura del asilo, dejando de lado la definición ampliada de la Declaración de Cartagena contenida en las legislaciones nacionales para dar protección a esta población, víctima de desplazamiento forzado.
Muchos de los programas de protección temporal destinados a inmigrantes venezolanos son poco accesibles, acusa el organismo, con criterios imposibles de cumplir, restricciones al estudio o al trabajo, a los sistemas sanitarios y con ausencia de un enfoque de género.
«Los Estados deben garantizar el derecho de solicitar asilo, reconociendo que las personas venezolanas pueden ser refugiadas. Eso requiere reforzar sus sistemas de asilo. Cualquier programa de protección temporal o medida de regularización debe cumplir un mínimo de garantías y garantizar el principio de no devolución», afirmó Neau.
Cooperación internacional
Diversos líderes regionales han llamado a enfrentar esta crisis humanitaria de manera conjunta, aunque hasta ahora no se han visto resultados.
«Se ha visto una descoordinación de los Gobiernos de la región, como cuando Chile militarizó y cerró sus fronteras, mientras Perú y Bolivia respondieron de igual forma, dejando a muchas personas atrapadas en la fronteras y en condiciones muy precarias», señaló la investigadora.
Falta de voluntad política y discursos internos que asocian la migración venezolana a fenómenos de delincuencia ponen a estas personas en posiciones complejas, cuando «la mayoría necesita protección internacional».
La organización hizo un llamado a la región para «redoblar esfuerzos» en brindar respuestas «adecuadas» ante la magnitud de la crisis, cumpliendo con los más altos estándares del derecho internacional de los derechos humanos y de refugiados.
«En particular, la organización recomienda a todos los Estados que reciben personas venezolanas, y especialmente a los cuatro analizados en el presente informe, que garanticen el derecho de solicitar el reconocimiento de la condición de persona refugiada», concluyó el informe.
