El Congreso de Perú ha aprobado un proyecto de ley que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal para eximir a los ciudadanos de responsabilidad penal en caso de uso de la fuerza, incluso letal, en una situación de legítima defensa y ante un peligro inminente.
La propuesta fue presentada por la congresista Patricia Chirinos, del partido derechista Avanza País, y recibió 82 votos a favor, 19 en contra y 2 abstenciones del pleno. La presidenta de la Comisión de Justicia, Janet Rivas, del partido marxista Perú Libre, explicó que se modifica el artículo 20 del Código Penal para eximir de responsabilidad a aquellos que actúen en defensa de bienes jurídicos propios o de terceros, utilizando la fuerza, incluida la fuerza letal.
La norma también incorpora un literal referido a casos de situación de peligro inminente y necesidad de proteger la vida o la integridad propia o de terceros. Además, establece que no procede la prisión preventiva en los casos de legítima defensa, a menos que existan antecedentes o pruebas que justifiquen la existencia del delito o que recaigan sobre una persona condenada.
La congresista Chirinos argumentó en las redes sociales que la inseguridad ciudadana, la delincuencia y el crimen organizado han aumentado de manera incontrolable, poniendo en peligro la vida e integridad de los peruanos. Según ella, la legítima defensa es un derecho que nos brinda la posibilidad de protegernos y proteger a nuestra familia.
El legislador José Cueto, del partido ultraconservador Renovación Popular y autor de otro proyecto sobre este tema, apoyó esta propuesta argumentando que algunos jueces han sentenciado a agentes de la Policía Nacional que han abatido a delincuentes cuando estaban fuera de servicio y portaban sus armas legales.
Después de la votación, la congresista izquierdista Ruth Luque pidió una reconsideración, pero su solicitud fue desestimada. Ella argumentó que esta modificación se ha hecho sin tomar en cuenta criterios objetivos y que restringe los principios de discrecionalidad de los magistrados al establecer que no procede la prisión preventiva.
El Congreso aprobó este proyecto de ley luego de autorizar al Ejecutivo para que legisle sobre temas de seguridad ciudadana debido al aumento de la delincuencia común y el crimen organizado en el país, especialmente en Lima. El Gobierno decretó el estado de emergencia en 9 distritos del país, incluyendo San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho, para que la Policía Nacional pueda enfrentar la inseguridad ciudadana con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
