A contrarreloj, los distintos partidos políticos chilenos están intentando salvar el nuevo proceso constituyente que está en curso en ese país. La última encuesta Cadem (una de las más reputadas) mostró, una vez más, el débil apoyo ciudadano al texto que se está discutiendo actualmente, con un 54% que dice estar «en contra» y un 24% «a favor». Este es el segundo intento en Chile por hacer un cambio constitucional. El primero fue ampliamente rechazado en septiembre del año pasado, con un 62% de los votos, a pesar de que inicialmente más de un 80% de los chilenos se había manifestado a favor de cambiar la actual Constitución, heredada del régimen de Augusto Pinochet.
Al contrario de lo que sucedió con el primer proceso, esta vez el consejo a cargo de redactar la propuesta está integrado en su mayoría por sectores de derecha, siendo el partido Republicano (extrema derecha) el que cuenta con más representación. El órgano, compuesto por 50 miembros, comenzó a trabajar en junio sobre la base de un texto creado por una comisión de expertos que aunaba el apoyo de los distintos sectores políticos. Sin embargo, la derecha ha hecho valer su mayoría, imprimiéndole algunos cambios fundamentales que han sido criticados por no suscitar un acuerdo transversal. El consejo constitucional comenzó a trabajar el 7 de junio de este año y tiene plazo hasta el próximo 7 de noviembre para presentar su propuesta.
Así, los partidos políticos están intentando llevar adelante negociaciones de último minuto para modificar algunos de los aspectos más polémicos del texto. De esta forma, esperan hacer crecer el apoyo ciudadano para que se apruebe en el plebiscito que se realizará el 17 de diciembre. Están en un momento crucial: el miércoles, el consejo terminó de votar las enmiendas y ahora el texto volverá a las manos de la comisión de expertos, quienes tienen la oportunidad de proponer algunas variaciones. Luego deberá volver al consejo (el lunes 13 de octubre) que puede aprobar o rechazar estas recomendaciones. Y el plazo final se acerca: el 7 de noviembre debe estar lista la propuesta constitucional que se plebiscitará con todos los chilenos.
Pero ¿qué explica que este segundo intento por cambiar la carta magna esté nuevamente en problemas? Aquí te lo contamos.
Normas que no generan acuerdo
Uno de los principales errores del proceso constitucional anterior fue que la propuesta no reunía un apoyo transversal. La derecha insistió en que se le había marginado. Esta vez, hay críticas que apuntan en la misma dirección, pero ahora es la izquierda la que se siente excluida. Y es que el actual consejo ha hecho algunas modificaciones al texto emanado de la comisión de expertos que son cuestionadas por este sector político, por el centro e, incluso, por algunos líderes de la derecha tradicional.
Una de las más polémicas tiene que ver con la necesidad de consagrar en la Constitución que Chile se organiza bajo un «Estado social y democrático de derecho». A juicio de las izquierdas, este concepto es el que aseguraría que el sistema genere mecanismos de solidaridad para apoyar a aquellos que tienen menos recursos, una demanda histórica de este sector político y que surgió con fuerza del estallido social de octubre de 2019. Además, vendría a cambiar el llamado Estado subsidiario que rige actualmente en el país y que le da un papel clave a los privados en la provisión de derechos sociales. Si bien el texto incluye este concepto, desde la izquierda aseguran que, cuando se habla de derechos particulares, como pensiones o salud, se refuerza el modelo de capitalización individual. Por ejemplo, en la norma que se refiere al derecho y protección de la salud, se señala en uno de sus incisos que «cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea este estatal o privado». Según Claudio Fuentes, profesor de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, «con esto se impide constitucionalmente que existan estructuras de solidaridad porque va a depender de cuánto dinero tengas». «Se cristaliza un modelo basado en las propias capacidades individuales y no en la solidaridad que es la concepción clásica de un Estado social de derecho», añade el académico a BBC Mundo.
Los sectores de derecha, sin embargo, defienden que el Estado social está presente y que lo que se asegura es la provisión mixta de los bienes públicos. «Nosotros estamos garantizando que la ciudadanía tenga derecho a elegir y a acceder a estos derechos sociales de la manera más oportuna y correcta posible», le dijo a BBC Mundo Beatriz Hevia, miembro del partido republicano y presidenta del consejo constitucional. Hay quienes consideran que la nueva constitución podría afectar a la ley de aborto bajo tres causales que rige en Chile desde 2017.
Otra de las normas que causa controversia es la que establece la frase «la ley protege la vida de quien está por nacer», lo que para el oficialismo de izquierda podría afectar la aplicación de la ley de aborto bajo tres causales que rige en Chile desde 2017. Grupos feministas se han opuesto a este artículo así como también a la decisión del consejo de eliminar la paridad en las próximas elecciones parlamentarias, lo que, dicen, configuraría un «retroceso» para los derechos de las mujeres. También hay detractores de otras normas, como la que establece la objeción de conciencia institucional (que le permitiría a distintas instituciones eximirse de mandatos jurídicos), o la que establece la anulación del pago de contribuciones a la primera vivienda, pues favorecería a los sectores más acomodados del país. Algunos de estos artículos también son cuestionados porque, para muchos, son políticas públicas que no debería tener rango constitucional.
Pero para Beatriz Hevia, a pesar de las diferencias, el texto que se propone «es sólido y contundente». «Son contados con los dedos de una mano los temas que reciben críticas y por los que se genera mucho ruido, obviando el resto del contenido del texto», afirma.
«Fatiga» constitucional y críticas al consejo
Otro de los factores que explica el riesgo de fracaso del actual proceso es la falta de interés de la ciudadanía en él. En la última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), realizada en julio de este año, casi la mitad de los consultados (49%) dijo que no le interesa la discusión constitucional actual. Para el ex consejero constitucional de centroderecha Hernán Larraín Matte, el problema pasa porque «hay un agobio ciudadano con el tema que se ha transformado en hastío». «En un momento, después del estallido, hubo mucha esperanza ciudadana de que una nueva Constitución podía ser una salida a la crisis. Pero el primer intento fracasó y la ciudadanía ha visto cómo la política hace un nuevo proceso y es incapaz de ponerse de acuerdo», señala a BBC Mundo. Esto, a su juicio, «transmite conflicto, división y falta de acuerdos… Y la mezcla de todo eso es decepcionante». Para Beatriz Hevia, el problema está principalmente en el fracaso del proceso anterior. »
Con información de : Todos Ahora
