La directora del Centro para los Defensores y la Justicia, Marianna Romero, ha advertido que durante los periodos electorales aumenta la represión contra la sociedad civil, lo que limita el espacio cívico. Según Romero, los patrones de criminalización que anteriormente se aplicaban a disidentes ahora se aplican a miembros de la sociedad civil y organizaciones defensoras de derechos humanos.
Estas preocupaciones fueron discutidas en el foro “Situación del Espacio Cívico y Democrático en Venezuela”, organizado por Amnistía Internacional, Wola y otras organizaciones en Washington. En dicho evento, se destacó la política de criminalización, represión y control hacia las actividades de promoción, defensa y exigencia de derechos humanos en Venezuela. Además, se mencionó que el sistema de justicia y el Poder Legislativo son utilizados para perseguir y promulgar leyes contrarias a los estándares internacionales.
Se prevé que en los años 2024 y 2025, cuando las organizaciones de derechos humanos desempeñen un papel crucial en la documentación y seguimiento de los procesos electorales, enfrentarán un aumento en la criminalización en su contra.
Por su parte, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social ha documentado más de 6 mil manifestaciones pacíficas a nivel nacional en los primeros 10 meses del año. Esto demuestra que los venezolanos están organizándose y articulándose cada vez más para defender sus derechos, a pesar de la criminalización.
Otro punto preocupante es la falta de independencia del Poder Judicial en Venezuela, que ha pasado de no proteger los derechos a convertirse en un elemento más de la estrategia de restricción de derechos, especialmente el derecho de asociación. Para lograr la reinstitucionalización del Poder Judicial, se requiere fortalecer y restablecer el Estado de derecho, asegurando la independencia e imparcialidad de los magistrados a través de concursos públicos de oposición. Además, es necesario derogar leyes restrictivas de los derechos y cumplir con las recomendaciones de la Misión de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas.
La protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales también es una preocupación. Paula Mora, especialista en derechos humanos, destaca que existe una privación generalizada de estos derechos, así como un alto riesgo para sindicalistas, activistas y defensores de derechos en el país. La libertad sindical juega un papel crucial en la mejora de las condiciones de vida de las personas y la realización de otros derechos humanos.
En resumen, es fundamental garantizar el espacio cívico y democrático en Venezuela, no solo en términos de derecho al voto, sino también en cuanto a libertad de expresión, asociación y acceso a la información. Si los temas de corrupción y violaciones de derechos humanos no forman parte del debate electoral, no se puede hablar de elecciones libres y justas.
