El Tribunal Constitucional de Perú ha ordenado la liberación inmediata del expresidente Alberto Fujimori, a pesar de la solicitud de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de abstenerse de hacerlo hasta que se disponga de todos los elementos necesarios.
En su resolución, el presidente de la Corte IDH, Ricardo Pérez Manrique, ha señalado que la entidad debe contar con todos los recursos necesarios para analizar si la decisión cumple con las condiciones establecidas en la Resolución de la Corte del 7 de abril de 2022. En esta resolución se requería al Estado de Perú que se abstuviera de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional que ordenaba la «libertad inmediata» de Alberto Fujimori, con el fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta.
Cabe destacar que en 2022, la Corte IDH ordenó a Perú que no aplicara una sentencia del Tribunal Constitucional que otorgaba a Fujimori un indulto, ya que esta decisión incumpliría las sentencias del tribunal internacional en los casos La Cantuta y Barrios Altos. Además, se solicitó que se investigara, juzgara y sancionara a los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos.
La liberación de Fujimori generaría un daño irreparable a los derechos de acceso a la justicia de los familiares de las víctimas, según indicaron las víctimas en ese momento.
Por otro lado, la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha manifestado que la liberación de Alberto Fujimori representaría un revés preocupante para la rendición de cuentas, y ha enfatizado que cualquier liberación humanitaria de responsables de graves violaciones de derechos humanos debe ajustarse al derecho internacional.
En resumen, el Tribunal Constitucional de Perú ha ordenado la liberación inmediata de Alberto Fujimori, a pesar de la solicitud de la Corte IDH de esperar a contar con todos los elementos necesarios. Esta decisión ha generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional, ya que podría representar un revés para la rendición de cuentas y el acceso a la justicia de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos.
Con información de venezuela-news.com
