El Gobierno argentino anunció hoy una nueva medida que prohíbe los cierres de calles y carreteras, así como los bloqueos a empresas como forma de protesta social o sindical. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, declaró en una conferencia de prensa que «las calles no se toman» y que se tomarán acciones para garantizar que las personas vivan en paz.
Bullrich advirtió que habrá sanciones severas para aquellos que realicen cortes, los organicen, inciten o sean cómplices de los mismos. Esta medida se presenta en un contexto social y económico delicado en Argentina, donde gran parte de la población vive en la pobreza y el gobierno ha implementado medidas de ajuste en medio de una alta inflación.
Organizaciones sociales han convocado a movilizaciones para el 20 de diciembre, aniversario de las violentas protestas de 2001, y Bullrich dejó claro que solo se permitirán protestas en las aceras. Las fuerzas de seguridad federales y el Servicio Penitenciario Federal intervendrán en caso de cortes, piquetes o bloqueos, sin importar si los manifestantes dejan vías alternativas para el tránsito.
El nuevo protocolo establece que los organizadores de las protestas con cortes deberán pagar los costos de los operativos de seguridad. También se prohíbe cubrir el rostro y llevar a niños a las movilizaciones, y se reportará a la justicia cualquier daño ambiental causado por la quema de neumáticos. Además, se compartirá información con la Dirección Nacional de Migraciones en el caso de manifestantes extranjeros con residencia provisional.
Sin embargo, esta medida ha sido criticada por partidos y movimientos sociales de izquierda, quienes consideran que es una provocación y la califican de ilegal e inconstitucional. Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero, señaló que la ministra no tiene ningún instrumento legal para implementar estas medidas, ya que el derecho a la protesta está amparado por la Constitución argentina.
En resumen, el Gobierno argentino ha anunciado una nueva medida para prohibir los cierres de calles y carreteras, así como los bloqueos a empresas como forma de protesta. Esta medida busca mantener el orden público, pero ha generado controversia y críticas por parte de organizaciones sociales de izquierda.
Con información de efectococuyo.com
