Un fenómeno que ha afectado a más de 7,7 millones de venezolanos continúa siendo ignorado por los países vecinos. Detrás de esta realidad se encuentran millones de personas, familias separadas y historias de violencia, vulneraciones y represión, todas atravesadas por la compleja emergencia humanitaria. Para abordar esta problemática, el Observatorio Social Humanitario (OSH) convocó a dos expertos en un encuentro realizado el pasado miércoles 20 de diciembre a través de la plataforma Zoom.
Durante el encuentro, la periodista independiente Paula Andrea Jiménez denunció que hay casi 2,9 millones de venezolanos en el vecino país, sumado a un millón de colombianos retornados, lo que convierte a Colombia en el segundo país del mundo con más refugiados y el primero con más venezolanos. Jiménez expresó su preocupación por el tema de la niñez no acompañada, ya que la gran mayoría de estos niños atraviesan la frontera sin ser registrados por las autoridades, quedando expuestos a la trata, la mendicidad, la explotación sexual y el trabajo forzoso. Según Jiménez, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ha abierto un proceso administrativo de restitución de derechos para más de 3700 casos de niños venezolanos vulnerados en Colombia, aunque aún no se tiene información sobre su estatus.
En cuanto a la protección de los migrantes en Colombia, Jiménez destacó que el gobierno actual presenta un enorme rezago en los procesos de regularización, lo que dificulta la inserción laboral de los migrantes. Según la periodista, la llegada del presidente Petro representa un retroceso en materia migratoria, ya que no reconoce la emergencia humanitaria en Venezuela ni la necesidad de una transición a la democracia.
Por su parte, el periodista Pedro Pablo Peñaloza señaló que Aruba y Curazao no tienen capacidad para atender el flujo migratorio. En el caso de Aruba, se estima que hay alrededor de 17.000 venezolanos, lo que representa el 15% de su población, mientras que en el caso de Curazao asciende a 10.000, lo que representa el 10%. Peñaloza destacó que estas islas forman parte del reino de los Países Bajos, por lo que dependen directamente de La Haya en temas de política exterior, seguridad y defensa. Además, señaló que estas islas no reconocen el estatus de refugiado o asilado, lo que forma parte de las particularidades de la relación entre Venezuela y el Caribe neerlandés.
Peñaloza hizo hincapié en la falta de información por parte de las autoridades de las islas y del gobierno venezolano. Según el periodista, las personas detenidas son llevadas a firmar documentos en un idioma que no entienden, principalmente en neerlandés. Además, los migrantes son encarcelados junto con presos comunes, lo que lleva a que muchos renuncien al proceso y soliciten ser deportados a Venezuela.
En cuanto a las políticas públicas diseñadas para atender este fenómeno, ambos periodistas coinciden en que son insuficientes y en muchos casos revictimizan y vulneran los derechos de los migrantes. Peñaloza destacó que en las islas del Caribe existe una política que busca dificultar el acceso y no reconocer la condición de refugiado o asilado.
Existe una gran preocupación por el continuo paso de migrantes a otros países por vías no legales, como trochas o lanchas para salir de Venezuela. Los periodistas alertaron sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes migrantes, quienes están más expuestos a la trata, la esclavitud sexual, la violencia y el trabajo forzoso debido a su estado de vulnerabilidad.
En resumen, la crisis migratoria venezolana continúa siendo un desafío para los países vecinos, quienes se enfrentan a la falta de políticas públicas adecuadas y a la vulneración de los derechos de los migrantes. La falta de información y la dificultad para regularizar la situación migratoria agravan aún más esta problemática. Es necesario que los gobiernos de la región tomen acciones concretas para proteger a los migrantes y garantizar el respeto a sus derechos humanos.
Con información de Efecto Cocuyo
