El gobierno de Nicolás Maduro rechazó y condenó la decisión del juez federal argentino Federico Villena de confiscar el avión propiedad de la compañía Transporte Cargo del Sur (EMTRASUR) que se encuentra retenido en ese país desde 2022.
En un comunicado oficial, el Ejecutivo de Nicolás Maduro condenó «de manera categórica» la decisión «servil a intereses imperiales» tomada por el juez argentino Federico Villena, quien intenta consumar el robo de la aeronave secuestrada en el aeropuerto de Ezeiza en Buenos Aires.
Según el gobierno de Caracas, esta decisión es ilegal y demuestra que el Estado argentino se somete a los poderes del imperialismo estadounidense.
Además, el gobierno de Maduro considera que la decisión de la justicia argentina viola diversos tratados internacionales, como el Tratado de Aviación Civil Internacional, el Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados, la Carta de Naciones Unidas, el Convenio Bilateral entre la República Argentina y la República Bolivariana de Venezuela y otros acuerdos relacionados con la Navegación Aérea Internacional y los Derechos Humanos.
La cancillería venezolana advirtió que tomará todas las medidas jurídicas, diplomáticas y políticas necesarias para salvaguardar los derechos que le asisten. Además, alertó a la comunidad internacional, especialmente a los países latinoamericanos, de que cualquier medida ilegal que permita el sobrevuelo y apoyo para consumar este robo será considerada como un acto hostil.
La aeronave en cuestión es un Boeing 747 Dreamliner de carga, que anteriormente pertenecía a la empresa iraní Mahan Air y actualmente es propiedad de Emtrasur, una filial de la estatal Conviasa de Venezuela. Ambas empresas están sancionadas por el Departamento del Tesoro de EE.UU.
La tripulación de la aeronave, compuesta por cinco iraníes y catorce venezolanos, fue inicialmente retenida y luego puesta en libertad por falta de evidencia por parte del juez Villena.
La decisión de confiscar y entregar el avión a Estados Unidos fue tomada en base a un dictamen emitido por la fiscal argentina Cecilia Incardona y el director general de Cooperación Regional e Internacional de la Procuración General, Diego Solernó, quienes determinaron que la petición de decomiso era procedente.
Con información de EFE
Con información de efectococuyo.com
