El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, presidido por Gladys Gutiérrez desde 2022, ha estado bajo escrutinio de organismos internacionales y organizaciones defensoras de derechos humanos debido a la falta de autonomía del Poder Judicial, lo cual va en contra de lo establecido en la Constitución. Alí Daniels, codirector de la ONG Acceso a la Justicia, ha evaluado el desempeño del máximo tribunal durante este año y ha afirmado que el TSJ no solo está a favor del gobierno de Nicolás Maduro, sino que también forma parte del aparato represivo del Estado, no favoreciendo a los ciudadanos afectados por el poder y tomando decisiones a favor de personas que no representan un peligro político.
El TSJ redujo su número de magistrados de 32 a 20 en 2022 por decisión del Poder Legislativo, pero esto no resultó en una mayor eficiencia, ya que solo el 28% de las sentencias dictadas este año fueron definitivas. Daniels señaló que la eficiencia de las decisiones no está determinada por el número de magistrados, sino por la voluntad política y lo que el TSJ realmente quiere resolver.
A continuación, se presentará un resumen de las decisiones más importantes tomadas por el TSJ a lo largo de este año y por qué se considera que violaron derechos establecidos en la Constitución, como el derecho a la participación política y la libre asociación, entre otros.
Intervención de la Cruz Roja y el PCV
El 5 de agosto de 2023, la Sala Constitucional del TSJ ordenó la intervención de la Cruz Roja Venezolana y designó a Ricardo Cusanno, expresidente de Fedecámaras, como presidente de una directiva encargada de reestructurar la organización. A pesar de asegurar que no se pondría en peligro la labor humanitaria de la organización, ONG como Provea advirtieron que esta decisión sentó un precedente grave, ya que abrió la puerta a la intervención de cualquier ONG en Venezuela bajo presunciones de malos manejos. Esto se considera una violación del artículo 52 de la Constitución, que establece el derecho de asociación.
El TSJ también tomó medidas para poner fin al Partido Comunista de Venezuela (PCV), antiguo aliado del Gran Polo Patriótico y crítico de la gestión de Maduro. El 11 de agosto, la Sala Constitucional desplazó a las autoridades del partido para imponer una directiva ad hoc encabezada por Henry Parra, quien ahora tiene el control de la tarjeta electoral y la capacidad legal para inscribir candidaturas ante el Poder Electoral.
Contra las primarias
Antes de la celebración de las primarias opositoras el 22 de octubre, el politólogo y aspirante presidencial Luis Ratti presentó un recurso de amparo contra la comisión organizadora de las elecciones, argumentando que era excluyente. Aunque se temía que se dictara una sentencia que impidiera la votación, el acuerdo en materia de derechos políticos y electorales firmado en Barbados el 17 de octubre permitió que las primarias se llevaran a cabo, resultando en la victoria de María Corina Machado. Sin embargo, el TSJ emitió una sentencia suspendiendo los resultados de las primarias y ordenando la entrega de los instrumentos electorales, alegando fraude. Esto generó controversia y críticas hacia el tribunal.
Detención de Roberto Abdul
Roberto Abdul, miembro de la Comisión de Primarias, fue detenido un mes después de las elecciones por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y presentado ante un tribunal competente en materia de terrorismo sin la presencia de sus abogados. Organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian que es víctima de desaparición forzada, ya que las autoridades no han revelado su lugar de reclusión y sus familiares no han podido verlo.
Multa revocada
En noviembre, el TSJ emitió dos decisiones que también fueron denunciadas como violaciones del artículo 52 constitucional. La Sala Electoral suspendió las elecciones de autoridades en la Universidad de Carabobo y el Colegio de Abogados de dicha entidad. Además, dejó sin efecto la elección del Colegio de Abogados y designó una directiva ad hoc. Acceso a la Justicia ha señalado que en lo que va de 2023, al menos siete organizaciones han visto cómo sus autoridades han sido destituidas y reemplazadas por designaciones del TSJ.
Protección del referendo consultivo
El TSJ emitió una medida de “protección” a favor del referendo consultivo sobre el Esequibo, solicitada por la directiva de la Asamblea Nacional dos días antes de su realización el 3 de diciembre. Esta medida se anticipó a una posible acción de la Corte Internacional de Justicia en contra de la consulta popular, a solicitud de Guyana.
En resumen, el desempeño del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela durante este año ha sido objeto de críticas y preocupación por parte de organismos internacionales y organizaciones defensoras de derechos humanos. Se ha cuestionado su falta de autonomía y su papel como parte del aparato represivo del Estado. Además, se han señalado decisiones que violan derechos establecidos en la Constitución, como el derecho a la asociación y la participación política.
