La Contraloría General de la República entregó un informe advirtiendo la existencia de 58 pensiones de gracia entregadas a personas con antecedentes penales y condenas por «delitos violentos».
De acuerdo al texto, al cual tuvo acceso 24 Horas, fueron analizadas las entregas a 419 personas beneficiadas tras sufrir daños en el marco del estallido social, es decir, desde octubre del 2019.
Al respecto, en 58 casos, las personas beneficiadas mantenían antecedentes y condenas por graves delitos, incluyendo homicidios, abuso sexual y producción de pornografía infantil. Cabe recordar que el Gobierno había cifrado en 40 los pensionados de gracia.
De esta manera, el organismo solicitó sumarios tanto al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) como la Subsecretaría del Interior para esclarecer las razones y mecanismo que permitieron ejecutar la herramienta.
«En efecto, se tuvo a la vista antecedentes que dan cuenta de beneficiarios que tienen más de 10 condenas, por diversos tipos penales, entre los cuales se advierten delitos de estafa, tráfico y microtráfico de estupefacientes, producción de material pornográfico infantil, abuso sexual, robo con violencia, homicidio, lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, entre otros», aseguró el ente persecutor.
Asimismo, la Contraloría cuestionó al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), manifestando la existencia de una decena de personas que no habrían presentado informes médicos que respalden su categorización de víctima de derechos humanos.
«En 10 de los 144 casos revisados no presentaban antecedentes médicos, o bien, los respaldos no permiten acreditar el relato del postulante», aseguró Contraloría.
«Da cuenta, además, de que el INDH no realizó indagaciones adicionales a los documentos entregados inicialmente por la víctima, para verificar los hechos relatados, situación que resulta relevante, pues el DAS, de la Subsecretaría del Interior, tampoco efectuó una verificación adicional de la información que remite en cada expediente ese Instituto», complementó.
La Contraloría además constató que, «además de no existir una instrucción formal para incrementar las
pensiones de gracia que habían sido otorgadas conforme a la categorización original, no se evidenciaron antecedentes de respaldo que den cuenta de una nueva instancia de reclasificación de la gravedad de los casos en cuestión para otorgar tal aumento, pues las actas de las sesiones de la Comisión Asesora en las que estos se concedieron no establecen los antecedentes tenidos a la vista para fundar su decisión«.
