¿Qué deben saber los migrantes para poder defenderse legalmente ante un acto de discriminación en Chile?
Los migrantes están amparados por diversos instrumentos legales internacionales y por la legislación local de cada país de acogida. Estos marcos normativos no solo establecen deberes, sino también derechos que deben garantizarse en defensa de las personas extranjeras, sin importar su condición, origen o etnia.
Sin embargo, en naciones como Chile, casos vinculados a la xenofobia y la discriminación han generado amplio debate público y la reacción de organizaciones defensoras de migrantes y profesionales del derecho.
Braulio Jatar, abogado chileno-venezolano, presidente de ILC Legal y socio del estudio jurídico TC Abogados Chile, ha brindado apoyo legal en distintos procesos que han alcanzado notoriedad pública. Entre ellos destacan la agresión sufrida por un taxista venezolano, en noviembre de 2024, a manos de una pasajera y el caso de Yaidy Gandica, también venezolana, asesinada en junio durante una discusión en una celebración del Día del Padre.
Según Jatar, en Chile se han implementado “políticas restrictivas” hacia los migrantes que, a su juicio, han derivado en “numerosas injusticias” contra esta comunidad. Dicha situación, agrega, también ha abierto espacios para la defensa judicial de los derechos de los migrantes en el país.
“La legislación chilena garantiza a toda persona migrante, sin importar su situación migratoria, el goce de los derechos fundamentales reconocidos a cualquier ser humano. Sin embargo, en la práctica muchas veces no son respetados, lo que se traduce en abusos laborales, vulneraciones de autoridad y problemas en el ejercicio del derecho a la identidad”, detalló el jurista en una entrevista exclusiva para El Diario.
El abogado mencionó que en temas relacionados a discriminación, el país sureño cuenta con la Ley N° 20.609, conocida como Ley Zamudio, que previene y sanciona la discriminación arbitraria.
De acuerdo con la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (BCN), se entiende por discriminación arbitraria “toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o por particulares”. La normativa establece que esta figura se configura cuando una persona es objeto de actos en su contra por motivos como etnia, nacionalidad, situación económica, idioma, ideología u opinión política, religión o creencias.
También puede aplicarse esta ley en defensa de quienes sufran actos discriminatorios por motivos vinculados a su sindicación o participación en organizaciones gremiales, sexo, orientación sexual, identidad de género, estado civil, edad, filiación, apariencia personal, enfermedad o discapacidad.
“La realidad es que en Chile se ha instalado un clima de hostilidad antimigrante que, en casos extremos, ha derivado en hechos de violencia como el asesinato de Yaidy Gandica”, dijo el abogado.
Dónde y cómo denunciar un hecho de discriminación en Chile
De acuerdo con Jatar, cada caso puede ser denunciado ante las instituciones correspondientes. Entre los organismos a los que pueden acudir las víctimas se encuentran los Juzgados de Policía Local (en conflictos vecinales), los Juzgados de Garantía o Tribunales Orales en lo Penal (cuando se trata de un delito) y los Juzgados Civiles de primera instancia (para la aplicación de la Ley Zamudio).
En cuanto al acceso a la justicia, explicó que los migrantes que no cuentan con recursos para pagar un abogado pueden recurrir a la Defensoría Penal Pública en casos penales. En los procesos civiles, en cambio, es necesario contratar representación privada.
El abogado señaló además que existen diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) que ofrecen asesoría jurídica y social gratuita a las personas migrantes, así como municipalidades y otras instituciones estatales que disponen de oficinas de apoyo legal y social.
Jatar advirtió que, en situaciones de discriminación o abuso, el error más común de los afectados es la “sumisión”, es decir, aceptar el maltrato sin reaccionar. Sin embargo, también subrayó el riesgo del extremo contrario: responder con violencia.
“La vía correcta es exigir con respeto el cumplimiento de los derechos. Lo recomendable es denunciar los hechos ante las autoridades competentes, recurrir a las ONG especializadas y, de ser posible, contar con el apoyo de profesionales del derecho”, argumentó el abogado.
Las pruebas son determinantes a la hora de denunciar un caso de discriminación
Jatar explicó que en al igual que en cualquier proceso judicial, la solidez de las pruebas serán las que determinarán el resultado del caso.
“En derecho distinguimos entre la verdad material (lo que realmente ocurrió) y la verdad procesal (lo que se puede probar con pruebas lícitas). Para que una denuncia prospere, es indispensable contar con pruebas legítimas y contundentes”, ratificó el experto.
En cuanto al tiempo de denunciar, la Ley Zamudio precisa que los afectados deberán presentar la denuncia ante los tribunales correspondientes dentro de los 90 días corridos de que ocurriera el hecho o desde el momento en que el afectado adquirió conocimiento de este.
“En ningún caso podrá ser interpuesta luego de un año de acontecida dicha acción u omisión. La acción se interpondrá por escrito, pudiendo, en casos urgentes, interponerse verbalmente, levantándose acta por la secretaría del tribunal competente”, precisa la BCN.
Esta ley se puede aplicar incluso en quienes sufran de algún hecho de discriminación mediante comentarios en las redes sociales, precisa Jatar.
“Depende de la naturaleza de los comentarios; si se le atribuye un delito específico, corresponde una querella por calumnias, si se trata de ofensas a la honra sin imputación de delitos corresponde una acción por injurias y si el ataque es de carácter discriminatorio, puede acudirse a la Ley Zamudio”, enfatizó.
Aclaró que aunque las leyes no mencionan expresamente las redes sociales, cualquier medio de difusión, incluyendo estas plataformas, puede configurar o agravar delitos como calumnias, injurias o amenazas.
Un debate en la esfera pública
La discriminación es un tema recurrente en la agenda pública chilena, especialmente en casos donde están involucrados migrantes. Muchos catalogan estas acciones como xenofobia y señalan la responsabilidad que tienen tanto ciertos discursos políticos como el tratamiento mediático de las noticias sobre comunidades extranjeras.
Frente a este panorama, el asesoramiento y la ayuda legal resultan esenciales para que los migrantes puedan conocer con claridad sus derechos y hacerlos valer frente a cualquier situación de discriminación.
Información de: https://eldiario.com/
