Un juez de la Corte Suprema de Brasil ha ordenado al expresidente Jair Bolsonaro que entregue su pasaporte en un plazo de 24 horas. Esta orden se enmarca en la operación policial llevada a cabo este jueves contra militares y aliados políticos del líder ultraderechista por intento de golpe de Estado, según informes de medios locales.
El magistrado Alexandre de Moraes, quien está a cargo de las investigaciones en el alto tribunal sobre la trama golpista, tomó la decisión. Según las autoridades, esta trama actuó durante y después de las elecciones de 2022 para mantener a Bolsonaro en el poder e impedir la asunción del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
En el marco de este gran operativo, la Policía Federal llevó a cabo 33 órdenes de allanamiento y 4 de prisión en varios estados brasileños, apuntando directamente al exmandatario y a varios de sus más estrechos colaboradores, incluyendo a militares de alto rango.
Entre los registros realizados se encuentran los exministros y generales del Ejército Walter Braga Netto, Augusto Heleno y Paulo Sérgio Nogueira, quienes formaron parte del gabinete de Bolsonaro (2019-2022), y el excomandante de la Marina, Almir Garnier Santos. También están en la lista el exministro de Justicia Anderson Torres, quien ya estaba siendo investigado por la asonada golpista del 8 de enero de 2023 protagonizada por simpatizantes de Bolsonaro, y Valdemar Costa Neto, presidente del Partido Liberal (PL), formación liderada por el exmandatario brasileño.
La Policía Federal sospecha que este grupo de políticos y militares formó parte de una «organización criminal» que intentó llevar a cabo un golpe de Estado para mantener a Bolsonaro en el poder. Además de la aprehensión del pasaporte de Bolsonaro, el Supremo también ha ordenado otras medidas cautelares, como la prohibición de mantener contacto con los demás sospechosos y de abandonar el país, así como la suspensión de sus funciones públicas.
Bolsonaro, capitán retirado del Ejército y líder de la extrema derecha brasileña, ya estaba siendo investigado en el Supremo por «incitar» a sus seguidores a invadir y destrozar las sedes de la Presidencia, el Supremo y el Congreso el 8 de enero de 2023, en un intento por derrocar al gobierno de Lula, que había asumido una semana antes.
Según la Policía Federal, los investigados construyeron una narrativa para sembrar dudas sobre el resultado de las elecciones de 2022, en las que Lula venció a Bolsonaro, mediante la difusión de información falsa sobre las urnas electrónicas que Brasil utiliza en sus procesos electorales desde 1996 y que nunca han presentado problemas.
La Policía también asegura que este grupo actuó «para subsidiar la abolición del Estado Democrático de Derecho, a través de un golpe de Estado, con el apoyo de militares con conocimientos y tácticas de fuerzas especiales en un ambiente políticamente sensible».
Con información de efectococuyo.com
