El gobierno izquierdista de Gustavo Petro en Colombia atraviesa una de sus semanas más turbulentas, con lo que varios analistas políticos y medios nacionales señalan como su «mayor derrota política» desde que asumió la presidencia.
La reforma de la salud, una de las principales propuestas de su programa, fue archivada en el Congreso después de 14 meses de debate político y público.
Uno de los puntos más polémicos de la reforma era la propuesta de transformar el papel de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), aseguradoras público-privadas que compiten entre sí y actúan como intermediarias entre el paciente y los servicios de salud.
Según Johnattan García Ruiz, investigador de sistemas de salud globales en la Universidad de Harvard, Petro considera que estas entidades reciben recursos públicos que se apropian para sí mismas y que no son necesarias.
Tras el revés legislativo, la administración de Petro se enfrenta a dos opciones: apelar o presentar una alternativa en un momento crítico de su mandato.
A su vez, en un movimiento que críticos y opositores ven como una demostración de fuerza ante el fracaso de su reforma original, el gobierno intervino forzosamente dos de las EPS más grandes del país debido a problemas de financiación y por poner en peligro los servicios para los usuarios.
Aunque la Superintendencia Nacional de Salud asegura que estas medidas buscan «salvar el sistema» y no implican cierres de servicios ni despidos de trabajadores, generan incertidumbre y plantean interrogantes sobre el sistema de salud colombiano.
El sistema de salud colombiano, en vigor desde 1993, es descrito por Ramón Abel Castaño Yepes, médico de la Universidad CES en Medellín, como un modelo de competencia gestionada.
En términos de financiación, Colombia cuenta con la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), que recauda recursos a través de impuestos y subsidios.
En cuanto a la gestión, las EPS han sido objeto de controversia, ya que reciben una cantidad por cada afiliado de ADRES. Estas entidades contratan una red de prestadores, ya sean hospitales públicos o privados, para ofrecer servicios de salud a través de autorizaciones de la EPS.
A pesar de la existencia de seguros privados que cubren alrededor del 8% de la población, estos operan de manera complementaria al sistema público de salud.
Expertos consultados consideran que el sistema de salud colombiano requiere una transformación, aunque la propuesta de Petro no garantiza resolver los desafíos de acceso y desigualdad en el país.
Comparado con otros países de América Latina, el sistema de salud de Colombia se destaca por su modelo de competencia gestionada, a diferencia de Chile, Brasil, Costa Rica, México y otros países con sistemas públicos más predominantes.
En resumen, la reforma de salud de Petro enfrenta desafíos significativos y críticas, mientras el sistema de salud colombiano sigue siendo objeto de debate y análisis para mejorar su eficacia y equidad.
Con información de efectococuyo.com
