El Observatorio Venezolano de Conflictividad (OVC) informó este viernes 9 de agosto registró más 1.000 protestas en todo el país debido a los resultados de las elecciones presidenciales.
Según la Organización No Gubernamental (ONG) durante la primera semana de agosto documentó 146 protestas, mientras que del 29 al 31 de julio se registraron 915 manifestaciones poselectorales.
Recordemos que los ciudadanos desde el día 29 de julio salieron a protestar de forma espontánea debido a su desacuerdo por los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la proclamación de Nicolás Maduro como vencedor de las elecciones presidenciales, debido a que los testigos de las mesas y militares cuando realizaron los conteos manuales de los votos daban como vencedor a Edmundo González además de tener en físico las actas que imprime la máquina de sufragio.
El día 30 de julio el comando de campaña de González dirigido por María Corina Machado publicó el 84 % de las actas electorales donde se reflejan como ganador al opositor.
La situación ha generado un rechazo absoluto de una gran parte de la comunidad internacional.
El 6 de agosto, el gobierno venezolano anunció la detención de 2.229 personas, quienes serán acusadas de «terrorismo» y encarceladas en prisiones de máxima seguridad.
Muchos de estos ciudadanos están relacionados al comando de campaña opositor Con Venezuela y otros que han sido captados en los videos y fotos de las protestas. Además los venezolanos viven con miedo a ser denunciados por sus vecinos o simpatizantes del gobierno.
Los organismos policiales han expuesto a los detenidos como trofeos en las redes sociales y medios de comunicación del Estado, pidiendo disculpas por participar en manifestaciones, ha sido uno de los castigos ejemplarizantes documentados.
Fallecidos en las protesas
Según un informe de la ONG de derechos humanos, Provea, ha registrado a 24 personas fallecidas entre el domingo 28 de julio y el lunes 05 de agosto en eventos y protestas relacionadas con los comicios, este data también incluye a un militar.
El balance coincide con un reporte que más temprano ofreció la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus.
