El gobierno de Nicaragua clausura 1.500 oenegés en un solo día

El gobierno nicaragüense ha ordenado el cierre de 1.500 oenegés, la mayoría de ellas de carácter religioso, en lo que representa el mayor cierre de asociaciones en un solo día desde 2018. Esta medida ha sido interpretada por los opositores como una arremetida contra grupos considerados hostiles al presidente Daniel Ortega.

Con esta clausura masiva, suman más de 5.200 las organizaciones anuladas por el gobierno desde las protestas en su contra en 2018, marcando un hito en la represión a la sociedad civil en el país.

El gobierno ha cancelado la personería jurídica de estas asociaciones, que operaban como entidades sin fines de lucro, incluyendo organizaciones católicas, defensoras de la diversidad sexual, educativas, sociales y de militares retirados, y ha ordenado la transferencia de sus bienes al Estado.

Esta acción se produce luego de la implementación de nuevas normas gubernamentales que obligan a las ONG a trabajar en alianza con el Estado para llevar a cabo sus proyectos en Nicaragua, según indicó la vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo.

Represión sistemática

Desde las protestas contra el régimen sandinista en 2018, el gobierno ha llevado a cabo una represión que ha incluido la encarcelación de cientos de críticos y que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha dejado más de 350 muertos.

El informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU denunció en 2023 «abusos sistemáticos y generalizados del derecho internacional de los derechos humanos» en Nicaragua, destacando la utilización del poder judicial para perseguir a opositores reales o supuestos.

El gobierno ha expulsado a más de 300 políticos, periodistas, intelectuales y activistas, y ha encarcelado y posteriormente expulsado del país a unos 30 clérigos, enviándolos al Vaticano. Además, al menos 263 periodistas se han visto obligados a abandonar Nicaragua debido a la represión.

Contra la iglesia

La clausura de las 1.500 entidades incluye principalmente a organizaciones evangélicas y católicas, acusadas de no declarar sus ingresos. Esta persecución a entidades religiosas se suma a las acciones represivas del gobierno contra la iglesia católica y ahora también contra iglesias evangélicas.

Un informe de la Comisión de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional señala que el gobierno de Nicaragua ha llevado a cabo «acciones cada vez más represivas contra las comunidades protestantes», utilizando un marco legal represivo para perseguir a estas comunidades.

La aprobación de una ley contra las ONG en Venezuela, país aliado de Nicaragua, ha generado preocupaciones sobre la represión de disidentes en ambos países y el uso de medidas legales para silenciar a la oposición.