El exembajador de España en Venezuela, Raúl Morodo, se enfrenta a un juicio en la Audiencia Nacional española a partir de este lunes 14 de octubre por supuesta defraudación fiscal relacionada con las ganancias de casi 4,5 millones de euros que su hijo Alejo obtuvo de sus negocios con la petrolera estatal venezolana, PDVSA, entre 2013 y 2014.
La Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de tres años y medio de cárcel para Raúl Morodo, y de ocho años y medio para su hijo Alejo y su nuera. Además, se pide el pago de multas millonarias contra los acusados. Los cargos se basan en la presunta ocultación de ingresos de PDVSA por medio de contratos falsos de asesoría legal entre 2012 y 2015.
La investigación reveló un presunto blanqueo de dinero a través de una red de sociedades creadas por el hijo, su nuera y otros implicados, incluido un socio venezolano que falleció en circunstancias sospechosas. La Fiscalía también reclama el pago de una indemnización por fraude en las declaraciones de impuestos de los acusados.
Contactos con «altos cargos»
El esquema utilizado por Alejo Morodo consistió en utilizar sociedades instrumentales para facturar servicios ficticios a PDVSA y evadir impuestos. La Fiscalía sostiene que Raúl Morodo también defraudó ganancias percibidas a través de esas sociedades. Los fondos ocultados provienen de contratos con PDVSA durante la gestión de su padre como embajador en Venezuela.
La investigación detalla cómo se realizaban los pagos a través de las empresas vinculadas a Alejo Morodo y su padre, así como la creación de una sociedad inactiva para evadir impuestos. Se descubrieron irregularidades contables y fiscales en otras empresas relacionadas con la familia Morodo, aunque estas se investigan por separado.
El juicio desentrañará las presuntas prácticas fraudulentas que involucran a la familia Morodo y sus negocios con PDVSA, arrojando luz sobre un entramado de corrupción que ha sacudido los cimientos de la diplomacia española.
Con información de efectococuyo.com
