Raúl Morodo, exembajador de España en Venezuela, acepta condena por delito fiscal

El exembajador de España en Venezuela durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Raúl Morodo, ha aceptado una condena de 10 meses de prisión por un delito contra la Hacienda Pública. Esta condena está relacionada con la ocultación de ganancias de casi 4,5 millones de euros que su hijo Alejo obtuvo de sus negocios con la petrolera estatal venezolana PDVSA entre 2013 y 2014.

Morodo ha admitido que, junto con su hijo, recibieron 4,5 millones de euros de PDVSA a través de «operaciones simuladas» a cambio de asesorías ficticias millonarias.

El Ministerio Público ha rebajado su petición de 10 meses de prisión para Raúl y 2 años de cárcel para Alejo por los delitos fiscales cometidos en 2013 y 2014. Inicialmente, se solicitaban penas más altas, pero tras el acuerdo de conformidad, las penas se redujeron.

Entramado empresarial para defraudar a Hacienda

Raúl Morodo y Alejo Morodo reconocen haber utilizado un entramado empresarial con el objetivo de defraudar a Hacienda en los cobros que recibían de PDVSA. Las sociedades Aequitas Abogadosy Consultores Asociados, S.L., Furnival Barristers Corp, S.A., y Morodo Abogados y Asociados, S.L. facturaban servicios a PDVSA sin tener medios personales ni materiales para llevar a cabo dichas actividades.

Las investigaciones apuntan a que estas empresas solo prestaban servicios a PDVSA y emitían facturas sin justificación de los mismos. Además, se realizaron transferencias de fondos a las cuentas personales de Raúl Morodo sin una razón clara.

El caso Morodo

El caso Morodo se remonta a 2019, cuando la Fiscalía acusó a Raúl y Alejo Morodo de blanqueo de capitales. Se les acusaba de recibir 4,5 millones de euros de PDVSA sin justificación comercial. Se señaló que Alejo Morodo aprovechó las relaciones de su padre con altos cargos de Venezuela para establecer negocios con la petrolera estatal.

La familia Morodo fue procesada en enero de 2023 por utilizar un entramado societario para evadir impuestos sobre los beneficios obtenidos en años anteriores. Se estima que defraudaron importantes sumas a la Hacienda Pública en los años 2013, 2014 y 2017.