La Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), conformada por Costa Rica, Ecuador, Panamá y República Dominicana, emitió un comunicado el lunes condenando la detención arbitraria de un empleado de la Embajada de Argentina en Venezuela. En el mismo comunicado, exigieron la entrega de salvoconductos para los seis asilados que se encuentran en la residencia diplomática.
En el comunicado conjunto, los miembros de la ADD expresaron su enérgica condena hacia la detención del empleado local de la Embajada de Argentina en Venezuela por las autoridades autocráticas de Caracas.
La Cancillería argentina había denunciado previamente la detención injustificada de este empleado local el 13 de diciembre, calificándola como una violación flagrante e inaceptable de las normas internacionales que protegen la inviolabilidad de las sedes diplomáticas y su personal.
El gobierno argentino, liderado por Javier Milei, señaló que este incidente forma parte de una campaña continuada de hostigamiento, intimidación y violencia psicológica contra los asilados y empleados de la misión diplomática.
En respuesta, los miembros de la Alianza exigieron la entrega de salvoconductos para los seis asilados y solicitaron la liberación inmediata del empleado local detenido. Asimismo, instaron al gobierno venezolano a cumplir con sus obligaciones internacionales de acuerdo con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954.
Desde agosto, la Embajada ha estado bajo la protección de Brasil después de la expulsión de los diplomáticos argentinos en medio de un desacuerdo con la reelección polémica de Maduro. A pesar de esto, el gobierno venezolano revocó esa autorización en septiembre, alegando la planificación de actos terroristas dentro de la sede por parte de los asilados.
En noticias relacionadas, se realizó una vigilia de oración en la UCV por los presos políticos fallecidos el 18 de diciembre de 2024. Además, el gobierno de Maduro afirmó que un gendarme argentino está siendo procesado por un presunto plan terrorista el 17 de diciembre de 2024. La Plataforma Unitaria exigió a la CPI investigar las muertes de presos políticos en Venezuela el mismo día.
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