En el año 2024, la región de América Latina se vio sacudida por la suspensión de los fondos y el recorte de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), que destinó 2.300 millones de dólares a la región. Esta decisión, tomada por el presidente Donald Trump, puso en riesgo programas en 130 países y afectó a millones de beneficiarios de la cooperación estadounidense.
Inicialmente, la medida de suspensión de fondos por noventa días tenía como objetivo reducir el gasto público, evaluar la eficacia de los programas y prevenir posibles malversaciones. Sin embargo, la incertidumbre rodea a Usaid, con declaraciones como la de Elon Musk, quien indicó que «ha llegado el momento de que muera», refiriéndose a la entidad.
A pesar de un bloqueo temporal de la decisión por un juez federal, Trump planea reducir el personal de Usaid de 10.000 a solo 290 empleados considerados esenciales. Además, el control de la agencia se ha transferido al Departamento de Estado, marcando el fin de seis décadas de operaciones de Usaid, que distribuyó más de 44.000 millones de dólares en ayuda global en 2024, incluyendo los 2.300 millones destinados a América Latina.
La suspensión de fondos afecta gravemente a programas humanitarios, cooperación judicial, seguridad, educación, sanidad, paz, igualdad, medioambiente, cultura y migración en países como Colombia, donde Usaid aportó casi 400 millones de dólares en 2024. La situación es similar en otros países de la región, donde los efectos se hacen sentir en áreas como la gestión migratoria, la protección de la Amazonía y la lucha contra el narcotráfico.
El impacto se extiende a programas en Brasil, Perú, Guatemala, Honduras, El Salvador, México y República Dominicana, comprometiendo la sostenibilidad de iniciativas clave en salud, educación, desarrollo rural y derechos humanos. La ausencia de la contribución estadounidense, que representaba el 47% del gasto global en asistencia humanitaria, plantea un desafío presupuestario significativo para los gobiernos de la región.
En medio de esta crisis, la incertidumbre y las posibles repercusiones negativas sobre comunidades vulnerables se suman a la necesidad de una respuesta coordinada y efectiva por parte de las autoridades y organismos internacionales. La cancelación de programas deja en riesgo la ayuda a quienes más la necesitan y expone a los líderes comunitarios a situaciones de fragilidad e inestabilidad.
La falta de fondos de Usaid también pone en peligro la capacidad operativa de entidades clave en la región, como Migración Colombia y programas de ayuda a migrantes y refugiados, generando un escenario de incertidumbre en zonas fronterizas y dificultando la reintegración de retornados. Ante esta situación, los gobiernos y la sociedad civil deberán buscar alternativas para mantener el apoyo a quienes dependían de la cooperación estadounidense.
