La Policía Federal de Brasil acusó este martes al expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) y a otros miembros de su Gobierno de utilizar la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) para espiar ilegalmente a personas públicas, informaron medios locales.
Las fuerzas de seguridad concluyeron la investigación, informalmente conocida como ‘Abin paralela’, y enviaron el informe a la Corte Suprema, que ahora deberá remitirlo a la Fiscalía para que evalúe si presenta una denuncia o si requiere nuevas diligencias.
Según informaciones de los medios, la investigación indicó que tanto policías como funcionarios públicos de la agencia nacional formaron una organización criminal para monitorear periodistas, miembros del sistema judicial y políticos opositores, invadiendo sus móviles y ordenadores.
Además del expresidente que, según G1, «sabía y se beneficiaba del esquema», entre los más de 30 acusados se encuentra el actual director de la Abin, Luiz Fernando Corrêa, y uno de los hijos del exmandatario y actual concejal por Río de Janeiro, Carlos Bolsonaro.
De acuerdo con el medio, este último administraba los datos obtenidos para atacar públicamente a los personajes espiados.
En marzo se conoció una investigación del medio UOL en la que relataba que la agencia de inteligencia había sido utilizada para invadir ordenadores del Gobierno de Paraguay con el fin de obtener informaciones confidenciales relacionadas con las tarifas de la hidroeléctrica binacional de Itaipú.
El Gobierno brasileño admitió la existencia de la operación, pero atribuyó su montaje a la administración de Bolsonaro y afirmó que fue cancelada «tan pronto» la nueva cúpula de la Abin «se enteró del hecho», en marzo de 2023, a tres meses de la asunción de Lula.
El exmandatario afronta además un juicio en la Corte Suprema bajo la acusación de «haber liderado» una trama golpista para mantenerse en el poder, tras perder ante Lula las elecciones de 2022.
La Fiscalía acusa a Bolsonaro y a su círculo más próximo de conspirar para decretar medidas excepcionales, como un estado de sitio, y así anular el resultado de los comicios e impedir la investidura de Lula, que terminó ocurriendo el 1 de enero de 2023.
Por esto, Bolsonaro y el resto de acusados se enfrentan a una posible pena que puede oscilar entre doce y cuarenta años de prisión.
