Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos expresó este miércoles serias dudas sobre la legalidad de la medida impulsada por la administración del presidente Donald Trump que busca revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para cerca de 350.000 ciudadanos venezolanos.
Jueces en USA cuestionan decisión de Trump y Noem de eliminar TPS a venezolanos
Durante la audiencia celebrada en Pasadena, California, los magistrados evaluaron el recurso de apelación del gobierno republicano contra un fallo emitido en marzo por el juez federal Edward Chen, que suspendió la cancelación del TPS mientras avanza una demanda presentada por la organización National TPS Alliance.
La Corte Suprema de EE. UU. había congelado temporalmente la decisión de Chen en mayo, a la espera del pronunciamiento del Noveno Circuito. En caso de que este último confirme el fallo original, se anticipa que la administración Trump recurrirá nuevamente ante el máximo tribunal.
El TPS es un programa de carácter humanitario que permite a personas extranjeras residir y trabajar legalmente en EE. UU. de manera temporal, cuando sus países enfrentan condiciones peligrosas como conflictos armados o desastres naturales. Fue el presidente demócrata Joe Biden quien otorgó inicialmente el TPS a los venezolanos en 2021, alegando altos niveles de criminalidad derivados de la crisis política y económica en el país suramericano.
Durante la audiencia de este miércoles, los tres jueces del panel mostraron escepticismo ante la rapidez con la que Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional designada por Trump, revocó la medida apenas días después de asumir el cargo en enero. Lo hizo apenas dos semanas después de que el gobierno de Biden prorrogara la protección hasta octubre de 2026.
“¿Cómo es posible que las condiciones en el país hayan cambiado tan drásticamente en solo dos semanas, y que la nueva administración haya podido hacer una revisión tan rápida?”, cuestionó la jueza Kim McLane Wardlaw, nombrada por el expresidente Bill Clinton, al abogado del Departamento de Justicia, Drew Ensign.
Ensign respondió que Noem consideró que los argumentos del gobierno anterior eran “débiles y mal fundamentados”, y por tanto violaban los requisitos legales del programa. “Las agencias tienen la autoridad inherente de reconsiderar decisiones, siempre que lo hagan oportunamente”, sostuvo el representante del Departamento de Justicia.
“Tiene un claro tinte racista”
Sin embargo, el juez Anthony Johnstone, designado por Biden, respondió: “Si es una cuestión legal, que se ocupen los abogados. Pero lo que no se puede hacer es disfrazar eso como un argumento de política pública cuando no hay autorización legal para ello”.
A su vez, el magistrado Salvador Mendoza, también nombrado por Biden, planteó inquietudes sobre posibles motivaciones discriminatorias detrás de la decisión. Mencionó declaraciones de Trump y Noem que, en su opinión, “son, en algunos casos, abiertamente racistas”, al referirse a que Venezuela supuestamente envió intencionalmente a personas desde prisiones y hospitales psiquiátricos a EE. UU. También recordó que Noem calificó a inmigrantes venezolanos como dirtbags (escoria) en una entrevista televisiva.
El juez Chen ya había citado esos comentarios en su fallo de marzo, concluyendo que la decisión de poner fin al TPS para los venezolanos “tiene un claro tinte racista”.
En su intervención ante el panel, Ensign intentó restar importancia a las declaraciones polémicas, argumentando que la mayoría fueron emitidas antes de que Trump y Noem asumieran funciones en enero, por lo que no deberían influir en el análisis del caso. Aseguró además que Noem se refirió únicamente a miembros de pandillas venezolanas al usar el término dirtbags.
Por su parte, Ahilan Arulanantham, representante legal de la National TPS Alliance, alegó que la legislación que sustenta el TPS no contempla la posibilidad de revisar decisiones previamente adoptadas, salvo para corregir errores menores de forma o de hecho. “Este sistema fue creado para brindar estabilidad y cierto nivel de certeza a los refugiados”, señaló el abogado.
El TPS fue otorgado en 2021 a unos 250.000 venezolanos y en 2023 a otros 348.000. El fallo del juez Chen protege por ahora solo a este último grupo, cuyo estatus expiraba en abril. No obstante, los beneficiarios iniciales podrían quedar desprotegidos legalmente en septiembre si se mantiene la política revocatoria.
Hasta la fecha, al menos cuatro demandas más han sido introducidas para impugnar la terminación del TPS para venezolanos y haitianos bajo la gestión de Noem.
El caso se identifica como National TPS Alliance v. Noem, No. 25-2120, en el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de EE. UU.
Con información de Reuters.
