El Gobierno de España aprobó este martes un real decreto que pone en marcha un proceso de regularización administrativa extraordinaria para migrantes que ya se encuentran en el país, con el objetivo de otorgar permisos de residencia y trabajo a quienes cumplan determinados requisitos.
Migrantes venezolanos en España podrán solicitar regularización desde el 16 de abril
La medida, aprobada en el Consejo de Ministros, será publicada en el Boletín Oficial del Estado el 15 de abril y entrará en vigor el 16 de abril, fecha en la que también se abrirá el plazo de solicitudes de forma telemática.
Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, la regularización permitirá obtener una autorización temporal de residencia y trabajo válida por un año, que habilitará a los beneficiarios a trabajar en cualquier sector y en todo el territorio español. Posteriormente, deberán integrarse en los mecanismos ordinarios del sistema de extranjería.
El proceso está dirigido a personas en situación administrativa irregular y solicitantes de protección internacional que hayan residido en España antes del 1 de enero de 2026 y hayan permanecido de forma ininterrumpida al menos cinco meses.
Requisitos y condiciones
Entre las condiciones establecidas figuran no tener antecedentes penales y no representar una amenaza para el orden público, la seguridad o la salud pública.
Los solicitantes deberán acreditar su estancia en el país mediante documentación oficial o privada, y en algunos casos demostrar vínculos familiares, actividad laboral previa o situación de vulnerabilidad.
Las solicitudes podrán hacerse de forma telemática o presencial mediante cita previa, que se habilitará desde el 16 de abril. La atención presencial comenzará el 20 de abril en oficinas de extranjería, seguridad social y correos en distintas localidades del país.
El Gobierno estima que el proceso será ágil y permitirá una respuesta a quienes cumplan los requisitos, dentro de un plazo abierto hasta el 30 de junio.
La ministra de Inclusión, Elma Saiz, afirmó que esta medida busca garantizar derechos y dotar de seguridad jurídica al sistema migratorio.
«Hoy España se convierte en un país mejor que reconoce derechos en lugar de recortarlos”, señaló la funcionaria al anunciar la iniciativa, que forma parte de un plan más amplio de integración y convivencia intercultural.
El proceso contará con la colaboración de abogados, gestores y entidades sociales, además de un registro de organizaciones habilitadas para apoyar gratuitamente a los solicitantes durante la tramitación.
El Ejecutivo subraya que la medida busca reforzar la integración social y laboral de miles de personas que ya residen en el país, dentro de un marco de control y orden administrativo.
