Los inmigrantes desaparecidos en la frontera de Chile
Por Braulio Jatar Alonso
En Chile se habla mucho de ingreso irregular, de reconducción, de control fronterizo y de seguridad. Mucho menos se habla, con la seriedad debida, de las personas que han muerto en esa ruta y de la precariedad con que el propio Estado registra esos fallecimientos. Allí está uno de los principales aportes del informe exploratorio elaborado por INFOMIGRA sobre muertes migrantes en la frontera chilena entre 1990 y 2022: llevar el debate desde la consigna hacia los datos.
El estudio, construido a partir de revisión de prensa digital, registros públicos, antecedentes de la plataforma Missing Migrants Project de la Organización Internacional para las Migraciones y solicitudes de acceso a la información a organismos estatales, identifica al menos 42 personas migrantes fallecidas en la frontera chilena o en sus cercanías entre 2016 y el 20 de noviembre de 2022, en hechos vinculados al ingreso por paso no habilitado.
Los datos muestran que la nacionalidad con mayor presencia entre los fallecidos es la venezolana, seguida por la boliviana, la peruana y la dominicana. También aparece un elemento que corrige varios lugares comunes del debate público: las mujeres representan una proporción levemente superior a la de los hombres. No se trata, por tanto, de un fenómeno exclusivamente masculino. Entre los fallecidos hay también niños, lactantes, personas mayores y varios casos sin identificación completa.
La edad promedio de las víctimas se ubica en 47 años, aunque el rango es amplio: desde bebés hasta una persona de 83 años. Esa amplitud confirma que estas rutas no son recorridas por un solo perfil de migrante, sino por grupos humanos muy diversos, todos expuestos a condiciones extremas.
El mapa territorial del informe también es claro. Los casos se concentran por completo en el norte del país, entre Visviri y las cercanías de Antofagasta, con tres puntos especialmente críticos: Colchane, Arica y San Pedro de Atacama. Colchane destaca de manera dramática, concentrando casi el 60 por ciento de los decesos identificados. No es un detalle menor. Indica que la crisis está asociada a rutas y trayectos que el Estado conoce desde hace años.
En el tiempo, los casos se disparan sobre todo en 2021 y 2022. Solo en 2021 se registran 26 fallecimientos y en 2022 otros 12. Los meses con mayor incidencia son octubre, marzo y junio. Esa concentración coincide con el aumento de los flujos regionales posteriores a la pandemia y con el endurecimiento de obstáculos administrativos y fronterizos.
Otro hallazgo clave es la causa de muerte predominante. La principal categoría corresponde a condiciones ambientales adversas, falta de agua, comida y abrigo. En segundo lugar aparecen enfermedad y falta de acceso a atención de salud. Esto desplaza el foco de una lectura exclusivamente policial del problema. La frontera está produciendo muertes por exposición, altura, deshidratación, agotamiento y ausencia de auxilio oportuno.
Pero lo más delicado del informe aparece al comparar estos antecedentes con los registros oficiales. INFOMIGRA hizo cerca de una treintena de solicitudes de acceso a la información a 14 instituciones del Estado. Solo cinco entregaron datos, y aun así las cifras no coinciden entre PDI, Carabineros, Ministerio de Salud y Servicio Médico Legal. Hay respuestas parciales, datos contradictorios y vacíos que impiden construir una contabilidad pública seria.
Ese punto es central. Si el Estado no cuenta con un registro unificado y confiable sobre las muertes migrantes en frontera, tampoco puede diseñar políticas preventivas eficaces ni ofrecer certeza a las familias. En tiempos en que la discusión migratoria suele degradarse en eslóganes, este informe recuerda algo básico: ningún país serio debería resignarse a no saber con claridad quiénes mueren en sus bordes.
