La organización Human Rights Watch (HRW) afirmó este miércoles que la aplicación de la Ley de Amnistía en Venezuela presenta «graves deficiencias» y pidió a las autoridades la «liberación incondicional de cualquier persona detenida o procesada arbitrariamente, incluso por motivos políticos».
HRW denuncia «graves fallas» en la aplicación de la Ley de Amnistía en Venezuela
“La nueva Ley de Amnistía de Venezuela está muy lejos de garantizar la liberación de quienes fueron detenidos arbitrariamente por motivos políticos”, dijo Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch.
De acuerdo con su informe, la ley, que tiene como objetivo ayudar a «Venezuela a salir de los años de represión política», ha excluido a muchos «miembros de la oposición, periodistas y defensores de los derechos humanos que habían sido detenidos arbitrariamente».
Señala que su aplicación ha sido «injusta y opaca», lo que ha «socavado aún más la liberación de los presos políticos».
Para HRW, las autoridades deben garantizar que la ley se aplique «de manera transparente y en toda su extensión», y deben explorar vías legales adicionales para «cerrar los casos penales contra todas las personas sometidas a procesos penales arbitrarios».
Destaca que la ley contiene «limitaciones que vacían su propio objetivo», pues, aunque abarque actos cometidos desde 1999, limita «la elegibilidad a quienes hayan sido acusados de delitos cometidos en el contexto de eventos específicos ocurridos en ciertos años».
La organización afirma que «más allá de sus limitaciones inherentes, la aplicación de la ley se ha caracterizado por importantes deficiencias», al tiempo que menciona que algunas personas que solicitan la amnistía «no han sido debidamente informadas sobre los cargos que se les imputan ni sobre las pruebas presentadas en su contra», por lo que es «difícil argumentar que cumplen con los criterios de elegibilidad».
Argumenta, además, que en algunos casos, los jueces no «han fundamentado y motivado debidamente sus decisiones de denegar la amnistía» y han «restringido el acceso a los expedientes de los casos y a la representación de abogados particulares».
Asimismo, HRW explica que el Programa para la Paz, la defensora Eglée González y el fiscal general, Larry Devoe, deben evaluar, supervisar y respaldar las solicitudes de amnistía y explorar otras vías legales «para cerrar las investigaciones arbitrarias».
Insta a adoptar medidas más amplias para «restablecer la independencia y la integridad del poder judicial», a la vez que se «debería reformar o derogar las leyes que han permitido procesos penales arbitrarios».
«Los gobiernos extranjeros deberían supervisar la liberación de los presos políticos y los esfuerzos más amplios para reformar el poder judicial, y considerar estos dos temas parámetros cruciales para evaluar si hay avances en el respeto de los derechos humanos en Venezuela», dijo Goebertus.
HRW instó a revisar los casos reportados por la ONG Foro Penal, que en su último informe reportó a 457 presos políticos.
El pasado 19 de enero, el Parlamento aprobó la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, la cual, de acuerdo al diputado Jorge Arreaza, ha otorgado 8.616 libertades plenas.
Sin embargo, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) elevó recientemente a 776 la cifra de presos políticos excarcelados desde el 8 de enero.
Por su parte, el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa exigió recientemente «fe de vida» y la liberación inmediata de todos los presos políticos en Venezuela, al denunciar presuntas «violaciones de derechos humanos» en centros de detención del país.
El dirigente aseguró que aún permanecen detenidos “más de 500 venezolanos” en lo que calificó como “centros de tortura del chavismo”, donde miles de ciudadanos han sido “secuestrados, maltratados y privados de sus derechos más básicos”.
