El expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, pidió este lunes al juez José Luis Calama, que instruye el caso Plus Ultra, aplazar su comparecencia prevista para el miércoles en la Audiencia Nacional por el caso abierta en relación con las joyas halladas, según indicóEl País.
Zapatero pide al juez del caso Plus Ultra aplazar su comparecencia por el caso de las joyas
La defensa de Zapatero presentó un escrito al juez de la Audiencia Nacional, mediante el que pide retrasar su declaración sobre las joyas para tener tiempo de reunir la documentación necesaria que explique la posesión de este ajuar.
Zapatero pide que se mantenga su declaración de la pieza principal sobre tráfico de influencias prevista para el miércoles y jueves, pero no ser interrogado ahí sobre las joyas porque debe recopilar la documentación sobre adquisiciones, herencias, regalos o donaciones.
En contexto
El pasado viernes, Calama abrió una pieza separada del caso Plus Ultra para investigar a José Luis Rodríguez Zapatero por delitos fiscales y de contrabando en relación con las joyas halladas en el registro practicado el pasado 19 de mayo en la oficina del expresidente del Gobierno.
De acuerdo con Calama, el origen de las joyas «en estos momentos no está justificado», y su valor ha sido tasado de forma preliminar en 1.323.915 euros.
En un auto, el magistrado acordó comunicar la imputación a Rodríguez Zapatero a través de su representación procesal, para que pueda tomar conocimiento de ellos y ejercer su derecho de defensa.
En ese sentido, estableció que la declaración por estos hechos se llevará a cabo en la misma fecha para la que ya estaba citado en la pieza principal del denominado caso Plus Ultra, es decir, los próximos 17 y 18 de junio.
Además, el 19 de mayo, Calama acordó la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por blanqueo de capitales en el caso Plus Ultra.
El exmandatario deberá comparecer en calidad de investigado por su presunta participación en una estructura organizada de tráfico de influencias, orientada a obtener «beneficios económicos mediante gestiones ante organismos públicos».
La resolución judicial sostiene que la supuesta red habría operado a través de sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos, con el objetivo de influir en decisiones administrativas vinculadas a la aprobación del rescate estatal de la aerolínea durante la pandemia.
