Un total de diez ciudadanos extranjeros fueron deportados y decenas más quedaron bajo investigación administrativa en Ecuador, tras una serie de operativos simultáneos de control migratorio ejecutados en dos distritos estratégicos de Quito, según informó el Ministerio del Interior de la nación andina.
Ecuador inicia procesos migratorios a 19 venezolanos tras operativo
Las intervenciones fueron lideradas por la Subsecretaría de Migración en articulación con la Policía Nacional en los sectores Manuela Sáenz y La Delicia, como parte del despliegue de seguridad denominado Plan de Protección Quito.
Situación de los ciudadanos venezolanos retenidos
Durante la jornada de verificación, las comisiones policiales trasladaron a 38 ciudadanos extranjeros hasta las sedes operativas de la Subsecretaría de Migración con el fin de auditar su estatus legal de permanencia en el país.
De ese grupo, 28 personas son de nacionalidad venezolana. Tras la revisión de las bases de datos y expedientes individuales, el reporte oficial detalló los siguientes procedimientos:
- 19 ciudadanos: Presentaban autos de inicio para expedientes sancionatorios de deportación.
- 6 ciudadanos: Fueron citados y vinculados formalmente a audiencias de deportación.
- 1 ciudadano: Optó por la salida voluntaria del territorio ecuatoriano.
- 2 ciudadanos: Presentaban impedimentos de salida del país.
Deportaciones inmediatas por razones de seguridad
En el mismo procedimiento, las autoridades ecuatorianas concretaron la deportación efectiva de 10 ciudadanos colombianos.
Siete de estas expulsiones se ejecutaron amparadas en la causal 7 del artículo 143 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, apartado legal que se aplica a personas consideradas como «amenaza contra la estructura o seguridad del Estado». Los tres ciudadanos restantes fueron deportados bajo la causal 1 de la misma norma, correspondiente al ingreso al territorio nacional por pasos fronterizos no autorizados o trochas.
El Ministerio del Interior ratificó que mantendrá los operativos de fiscalización en los centros urbanos para verificar el cumplimiento estricto de la legislación migratoria vigente.
