El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha aceptado la solicitud de protección del referendo consultivo del Esequibo del 3 de diciembre, una zona que está en disputa con Guyana desde hace más de 100 años.
En su decisión, el TSJ ha afirmado que esta medida busca garantizar la seguridad de la consulta frente a cualquier acto o decisión extranjera, mientras se espera una resolución de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre este asunto. Guyana había solicitado medidas cautelares a la CIJ en relación con este proceso electoral interno venezolano.
La Sala Constitucional del TSJ ha publicado su decisión un día después de que el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, acudiera al TSJ para solicitar esta protección, en defensa de los derechos políticos de los venezolanos.
El TSJ ha dictaminado que cualquier decisión o acto de personas naturales o jurídicas, organismos internacionales o Estados nacionales que desconozcan, impidan o pretendan obstaculizar la consulta no tendrá validez ni eficacia jurídica. Por lo tanto, el TSJ ha instado a las instituciones venezolanas a no reconocer estos actos y, en cambio, ha ordenado al Consejo Nacional Electoral (CNE) que continúe con el proceso. Cabe destacar que esta consulta no tiene carácter vinculante y no implica un cambio inmediato en el territorio en disputa de casi 160.000 kilómetros cuadrados.
Además, el TSJ ha obligado al presidente Nicolás Maduro a seguir protegiendo los derechos e intereses de la República en relación con esta causa histórica nacional y en defensa del derecho soberano de Venezuela sobre la Guayana Esequiba, un área sobre la cual Venezuela no ejerce control desde 1899.
Venezuela ha dejado claro a la CIJ que no reconoce su jurisdicción para resolver esta controversia y ha advertido que nada impedirá la realización del referendo, luego de que Guyana solicitara al tribunal que tomara medidas provisionales para frenar la consulta. Hasta el momento, ni Venezuela ni Guyana han planteado la opción de que sean los propios habitantes del Esequibo, que rondan los 125.000, los que decidan sobre su pertenencia a uno u otro país, o que elijan mantenerse como territorio independiente y soberano.
Con información de Efe.
