María Corina Machado, líder de la oposición, junto con Edmundo González Urrutia, abanderado de la oposición, y los partidos que integran la Plataforma Unitaria Democrática, han emitido un comunicado en el que exigen al gobierno de Nicolás Maduro que acuerde los términos de una negociación seria que permita una transición ordenada del gobierno.
La coalición insta a los representantes del gobierno, incluido el jefe de la delegación oficialista en los diálogos con la oposición, Jorge Rodríguez, a establecer los términos de una negociación seria que facilite la transición y refleje la voluntad del electorado, expresada en las elecciones del 28 de julio con la elección de Edmundo González Urrutia.
En el comunicado, los firmantes critican la convocatoria realizada por Rodríguez y consideran que el diálogo propuesto por el presidente de la Asamblea Nacional es un «ejercicio de propaganda, carente de agenda, reglas y un entorno seguro para que todos los participantes estén libres de amenazas y presiones».
La oposición también rechaza la propuesta del dirigente chavista y niega que la revisión de las normas electorales sea el foco del problema, señalando que el verdadero problema radica en el cumplimiento y acatamiento de las mismas, comenzando por lo establecido en el artículo 5 de la Carta Fundamental.
Según la oposición, uno de los temas que debería abordarse en el diálogo propuesto son las garantías para los perdedores de las elecciones presidenciales que estén dispuestos a facilitar una salida pacífica del poder.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha convocado a un diálogo político a partir del próximo jueves para ajustar la legislación electoral de cara a los comicios regionales previstos para 2025, sin resolver la crisis política surgida tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Rodríguez mencionó la importancia de iniciar un diálogo político con las diversas formaciones y grupos de electores que participaron en las elecciones presidenciales, con el objetivo de recopilar ideas y propuestas que den forma a un nuevo marco legal que regirá futuros eventos electorales.
Entre las leyes a revisar se encuentran las que regulan la actividad de los partidos políticos y las manifestaciones públicas, los procesos electorales y la actuación del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Con información de EFE
