La ministra de Transporte, Jacqueline Faria, anunció la creación de una mesa de trabajo interinstitucional que tendrá como misión establecer un marco regulatorio para las tarifas de estacionamiento en todo el país. La medida, que se activará formalmente después de la Semana Mayor, busca poner coto a lo que calificó como un «alza descontrolada e injustificada» en el sector.
Gobierno aplicará regulación a tarifas de estacionamientos después de Semana Santa
La instancia estará integrada por representantes de la Comisión Permanente de Servicios Públicos de la Asamblea Nacional (AN), los ministerios de Transporte, Comercio y el Ministerio Público, así como por las cámaras que agrupan a los estacionamientos de centros comerciales, hoteles y restaurantes. También se sumarán la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) y el Sistema Venezolano para la Calidad (Sencamer), junto con voceros de diversos municipios.
A través de un video difundido en sus redes sociales, la funcionaria detalló que el objetivo es que los ayuntamientos, mediante ordenanzas municipales, sean los encargados de aplicar la nueva normativa una vez que el equipo técnico culmine el diseño de los lineamientos. «Este equipo, posterior a Semana Santa, comenzará a generar las medidas necesarias para que los municipios, a través de ordenanzas, regulen este servicio«, explicó Faria, quien apareció acompañada por el diputado Pedro Carreño, presidente de la comisión parlamentaria de Servicios Públicos.
La decisión surge tras una investigación impulsada por el Parlamento, luego de que el diputado Pedro Infante planteara en sesión la necesidad de revisar los costos de los estacionamientos privados, especialmente en Caracas. La iniciativa recibió el respaldo del presidente de la AN, Jorge Rodríguez, quien durante el debate cuestionó duramente las tarifas actuales: «No puede ser que los ricos se quieran hacer más ricos tan rápido y descaradamente, metiendo la mano en el bolsillo de la gente», sentenció el parlamentario, ordenando la apertura de una averiguación sobre el caso.
La ministra Faria añadió que han sido receptores de múltiples denuncias por «quejas desmesuradas» de los usuarios, lo que justifica la urgencia de una intervención estatal que equilibre el costo del servicio con la capacidad económica de los ciudadanos. La comisión mixta, que articula al sector privado con los órganos del Estado, tendrá así la tarea de traducir estas inquietudes en una regulación concreta antes del próximo período legislativo.
Con información de Bitâcora Económica.
