La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela advirtió este miércoles que, pese a «mejoras limitadas» en la situación de los derechos humanos durante el último año, las instituciones estatales «vinculadas con las violaciones graves de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad permanecen esencialmente intactas».
Misión ONU señala «mejoras limitadas» en DD. HH. «pese a cambios políticos» en Venezuela
En su más reciente informe, la organización señaló que después del ataque militar estadounidense del 3 de enero de 2026 y la captura del entonces presidente Nicolás Maduro se produjo una «disminución significativa de las detenciones prolongadas y las desapariciones forzadas» asociadas a motivos políticos.
La Misión también manifestó que, posteriormente, las autoridades excarcelaron a cientos de personas detenidas por razones políticas y permitieron un margen algo mayor para las protestas, reuniones públicas y participación de organizaciones de la sociedad civil.
Sin embargo, sostuvo que estos cambios «no estuvieron acompañados de reformas institucionales destinadas a garantizar una mejora sostenida en materia de derechos humanos».
El organismo señaló que «continúan vigentes leyes utilizadas para criminalizar la disidencia», mientras que los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad mantienen, en esencia, «las mismas estructuras, políticas y prácticas».
Sofía Macher, presidenta de la Misión, sostuvo que, «mientras no se investigue y sancione a los responsables de violaciones de derechos humanos, cualquier apertura seguirá siendo frágil y reversible”.
La Misión informó que continuó documentando «abusos» contra personas detenidas por motivos políticos.
En el centro penitenciario de máxima seguridad El Rodeo I, documentó prácticas como la «intubación forzada y el confinamiento prolongado» en una cisterna subterránea sellada conocida como la “máquina del tiempo”.
También investigó en Fuerte Guaicaipuro, una instalación militar, el «confinamiento de personas en celdas similares a fosas excavadas bajo el nivel del suelo, además de exposición al frío, privación de alimentos y otras prácticas degradantes».
El organismo indicó que investigó 64 nuevos casos ocurridos después del 3 de enero, lo que, según sus conclusiones, evidencia que estas prácticas «continúan».
La Misión también alertó sobre las condiciones de cientos de personas detenidas, quienes tendrían acceso «severamente restringido» a agua potable, alimentación, medicamentos y atención médica.
Entre el 1 de septiembre de 2025 y el 29 de julio de 2026, organizaciones de la sociedad civil registraron al menos 214 «detenciones arbitraria» por motivos políticos. El 94 % de esos casos ocurrió antes de finalizar 2025.
Después del 3 de enero, la Misión identificó un patrón de arrestos de corta duración dirigidos contra activistas de oposición, periodistas y otros integrantes de la sociedad civil, que, según el organismo, tenían como finalidad «intimidarlos».
Aunque las excarcelaciones redujeron de manera significativa el número de presos políticos, organizaciones no gubernamentales estiman que entre 379 y 500 personas permanecían detenidas.
La Misión señaló que la «falta de información oficial, transparente y verificable impide determinar con precisión cuántas personas han sido liberadas, dónde se encuentran quienes permanecen detenidos y cuál es su situación jurídica».
En una investigación específica sobre los colectivos, la Misión concluyó que estos grupos constituyen un sistema más amplio de «control social y gobernanza local».
La Misión afirmó haber encontrado pruebas de relaciones de larga data que incluyen «respaldo político, financiación directa e indirecta, apoyo logístico y material, coordinación operativa y protección institucional»
De acuerdo con la investigación, los colectivos «han participado en labores de vigilancia e inteligencia, identificación y localización de personas buscadas por organismos de seguridad».
María Eloisa Quintero, integrante de la Misión, instó a las autoridades venezolanas a «avanzar hacia la rendición de cuentas y establecer un marco de justicia transicional centrado en las víctimas».
También pidió a Venezuela «revertir» su retirada del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y cooperar con la CPI y otros mecanismos internacionales de derechos humanos.
Por su parte, Alex Neve, otro de los expertos de la Misión, pidió a Estados Unidos y otros actores internacionales intensificar sus esfuerzos para promover cambios en materia de derechos humanos en Venezuela, al tiempo que llamó a garantizar que sus políticas «no contribuyan a violaciones de derechos humanos o crímenes internacionales».
La Misión también solicitó a los Estados mantener la protección internacional para los venezolanos que se encuentran fuera del país.
Los informes serán presentados ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas este 18 de septiembre.
