La ministra de Interior de Chile, Carolina Tohá, confirmó el jueves que un avión con 60 migrantes venezolanos expulsados de Chile no pudo despegar debido a que Venezuela no autorizó la salida del vuelo y el aterrizaje en su territorio.
«El Gobierno de Chile ha realizado amplios y diversos esfuerzos para permitir que los procesos de expulsión se lleven a cabo (…). Vamos a realizar gestiones al más alto nivel diplomático para resolver este problema», señaló Tohá.
Según explicó el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, las personas estaban identificadas, la Policía de Investigaciones (PDI) las había detenido y se había contratado un avión para retornarlas. Según la ley, solo pueden ser retenidos durante cinco días, por lo que, de no ser expulsadas en ese plazo, deberán ser liberadas.
Monsalve anunció nuevas medidas para facilitar las expulsiones de migrantes indocumentados que delinquen en Chile. Entre ellas, se autorizará a la PDI a ingresar al domicilio para detener a aquellos que ya tienen una orden de expulsión decretada, y se reducirá el plazo de apelación de aquellos que serán expulsados de 10 a 5 días.
Además, la autoridad explicó que se está preparando un viaje a Venezuela antes del 15 de diciembre para llegar a acuerdos con el Gobierno de Nicolás Maduro en esta materia.
El Gobierno de Gabriel Boric destinó un aumento de 1.400 millones de pesos (1,6 millones de dólares) para contratar dos vuelos comerciales y disponer adicionalmente de un vuelo de la Fuerza Aérea para concretar la expulsión de los migrantes. Según Tohá, los vuelos saldrían con destino a Venezuela y Colombia, o República Dominicana.
El Ejecutivo proyecta la deportación de 2.600 migrantes en 14 meses.
Chile atraviesa una crisis de seguridad que ha tomado la agenda política y mediática del país.
Según la Subsecretaría de Prevención del Delito, en 2022 los homicidios crecieron un 33,4 % en comparación con el año anterior, la segunda mayor variación en América Latina después de Ecuador, donde aumentaron más del 80 %.
En las últimas semanas se han producido varios secuestros extorsivos de alta notoriedad y el ataque con una granada contra una policía, en los que están implicadas personas extranjeras, según las autoridades.
Desde la oposición han advertido que si el Ejecutivo no expulsa a los 12.000 migrantes que ya tienen orden de expulsión antes de fin de año, presentarán una acusación constitucional contra la ministra de Interior.
Con información de Efecto Cocuyo
