Ecuador se encuentra sumido en un conflicto armado interno, según declaró el presidente Daniel Noboa el martes pasado. Ante los recientes actos de violencia perpetrados por hombres armados en el canal de televisión TC de Guayaquil, donde tomaron como rehenes al personal durante una transmisión en vivo, el mandatario ha ordenado a las fuerzas militares restablecer el orden en las calles. Además, se han reportado incursiones de grupos armados en universidades y otras instituciones públicas, así como saqueos en Quito. Esta situación se produce después de que el presidente declarara el estado de excepción el lunes, debido a los graves episodios de violencia registrados en seis cárceles, con secuestros de policías y fugas de los líderes de dos grandes bandas delictivas.
La crisis de seguridad que enfrenta Ecuador se ha agravado en los últimos tres años. En 2023, el país alcanzó un récord histórico de homicidios con 7.878 casos, de los cuales solo se resolvieron 584. Ecuador se ha convertido en un importante centro regional de almacenamiento, procesamiento y distribución de drogas, lo que ha fortalecido a más de 20 bandas criminales que operan en el país. Estas bandas, que tienen sus principales centros de mando y operaciones en las cárceles, están vinculadas a los grandes carteles de la droga de México y Colombia. Algunas de las más conocidas son los Choneros, los Lobos, los Lagartos o los Tiguerones, y protagonizan episodios de extrema violencia, ya sea en conflicto interno o contra el gobierno, las instituciones o la sociedad ecuatoriana.
En agosto de 2023, el candidato presidencial Fernando Villavicencio fue asesinado por sicarios a sueldo, un crimen que aún no ha sido esclarecido pero que muchos analistas relacionan con el auge de estas bandas. Según el analista político ecuatoriano Andrés Chiriboga, «este y otros crímenes son una forma de imponer condiciones al poder político y demostrar que, en gran medida, las bandas son quienes tienen el control en el país». Además, estas bandas se han infiltrado en las instituciones estatales a través de la corrupción, gracias al dinero proveniente del narcotráfico. En diciembre pasado, la fiscalía lanzó una megaoperación contra la corrupción y el narcotráfico, que llevó a la detención de 29 personas, incluyendo jueces, fiscales, policías y abogados relacionados con el crimen organizado.
La penetración del narcotráfico en las instituciones del Estado también explica las fugas de los líderes de las bandas delictivas, como la de Adolfo Macías, alias «Fito», el pasado fin de semana. Mientras «Fito» se fugaba, se produjeron graves motines en al menos seis cárceles de Ecuador, donde se informó que varios guardias fueron tomados como rehenes por los prisioneros, aprovechando la distracción para fugarse otro líder mafioso, Fabricio Colón Pico, alias «El Salvaje», jefe de Los Lobos. Estos hechos llevaron al gobierno del presidente Daniel Noboa a decretar un estado de excepción por 60 días.
La seguridad fue uno de los enfoques más importantes de la campaña presidencial de Noboa. Desde que asumió el cargo el pasado 23 de noviembre, ha propuesto medidas encaminadas a debilitar a las bandas delictivas. Entre sus propuestas más relevantes se encuentran la reforma del sistema penitenciario, con la creación de cárceles flotantes en barcazas para alejar a los delincuentes peligrosos de la costa y evitar que operen desde la prisión. Noboa también busca penalizar el consumo de drogas a pequeña escala, establecer un sistema de jurados para delitos graves e invertir en tecnología de punta, como drones y radares, para combatir la delincuencia organizada en las vías y fronteras.
Con el fin de impulsar su plan de seguridad, el presidente ha expresado su intención de convocar un referéndum para que los votantes legitimen la imposición de medidas más estrictas. Según los analistas, las intenciones y propuestas de Noboa son un importante detonante de la respuesta de las bandas delictivas. Estas reaccionan para mostrar que tienen el poder y pueden ejercer control sobre la democracia. Además, el reciente decreto de estado de excepción aplicado por el presidente ha contribuido a agitar la respuesta de las bandas, como se evidencia en la toma del canal de televisión. Según Andrés Chiriboga, Noboa ha dado una respuesta sin mayor innovación, en línea con sus predecesores, tratando de mostrar fuerza, pero las bandas han respondido mostrando su dominio.
El control de algunas cárceles en Ecuador está en manos de organizaciones criminales como Los Choneros, a las que pertenece «Fito». Según el Departamento de Estado de EE. UU., en 2019 un tercio de la cocaína de Colombia pasó por Ecuador antes de ser enviada a Norteamérica y Europa. En los últimos años, se ha observado un aumento en la cantidad de drogas decomisadas, el descubrimiento de laboratorios y un incremento en la violencia. Las bandas criminales ecuatorianas, como los Lobos, los Choneros o los Tiguerones, tienen fuertes vínculos con los carteles del narcotráfico. Estas bandas operan como subcontratistas de organizaciones criminales extranjeras, pero desde la desmovilización de las FARC en Colombia, Ecuador ha adquirido un mayor protagonismo en el mercado internacional de drogas. Grupos disidentes de las FARC y otras organizaciones vinculadas al narcotráfico han descentralizado las cadenas de producción y distribución de cocaína, involucrando a grupos mafiosos ecuatorianos. Estos grupos se alían con carteles mexicanos y organizaciones europeas, principalmente de los Balcanes occidentales.
La situación de violencia en Ecuador continúa escalando a pesar de los esfuerzos previos de la policía y las fuerzas militares. La respuesta del gobierno y las propuestas de seguridad del presidente Noboa han despertado la reacción de las bandas delictivas, quienes buscan demostrar su poder y ejercer control sobre el país. La infiltración del narcotráfico en las instituciones del Estado, la corrupción y las fugas de los líderes de las bandas son indicativos de la grave situación de seguridad que enfrenta Ecuador en la actualidad.
Con información de efectococuyo.com
