Los Gobiernos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Uruguay expresaron su profunda preocupación por la detención de la activista de derechos humanos Rocío San Miguel en Venezuela. En un comunicado conjunto, estos países hicieron un enérgico llamado a las autoridades venezolanas a liberarla de inmediato y a retirar los cargos en su contra.
Además, los cinco países manifestaron su rechazo a las recientes medidas tomadas contra la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela. Asimismo, exigieron el respeto pleno de los derechos humanos, el Estado de Derecho y la convocatoria de elecciones transparentes y democráticas, sin proscripciones.
Rocío San Miguel ha sido acusada de estar involucrada en una conspiración que incluía el asesinato del presidente Nicolás Maduro. Actualmente se encuentra recluida en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas, y enfrenta cargos por traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación, según la acusación del Ministerio Público.
Cabe destacar que San Miguel es beneficiaria de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde 2012. Además de su detención, también fueron arrestados cinco de sus familiares y allegados.
Por otro lado, el Gobierno de Venezuela suspendió las actividades de la oficina en Caracas del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, argumentando que ha «instrumentalizado» su trabajo en contra del Ejecutivo.
Es importante resaltar que esta situación ha generado un amplio rechazo tanto dentro como fuera del país, y ha llamado la atención de diversos organismos internacionales que han expresado su preocupación por el respeto a los derechos humanos en Venezuela.
Con información de efectococuyo.com
