En Valencia, alrededor de 80,000 personas se manifestaron el domingo para expresar su descontento con la gestión de las autoridades locales en relación a las mortales inundaciones que ocurrieron hace dos meses en el sureste de España. La protesta, que llevó consigo pancartas con consignas como “Mazón, dimisión”, estaba dirigida al presidente conservador de la región de Valencia, Carlos Mazón.
Dos meses después de las trágicas inundaciones del 29 de octubre, que dejaron 231 muertos, 223 de ellos en la región valenciana, la indignación de la población no ha disminuido, con cuatro personas aún desaparecidas. Los manifestantes, que llegaron a acusar a Mazón de “asesino” o “criminal”, exigían su dimisión en una marcha encabezada por tractores que ayudaron en las tareas de limpieza.
Esta fue la tercera manifestación en Valencia desde las del 9 y 30 de noviembre, que reunieron respectivamente a 130,000 y 100,000 personas, según cifras oficiales. Las críticas hacia el gobierno regional se centran en la falta de alerta temprana sobre las lluvias torrenciales y la demora en la respuesta de los servicios de emergencia.
En medio de la crisis, el presidente de la Comunidad Valenciana y el presidente del Gobierno español se culpan mutuamente por los errores en la gestión de la catástrofe. A pesar de las denuncias presentadas contra Mazón, el Tribunal Superior de Justicia de la región rechazó su competencia sobre el asunto, instando a los denunciantes a buscar una investigación preliminar.
Las consecuencias de las inundaciones han dejado a cerca de 80 ciudades con importantes daños, y muchos residentes luchan por recuperarse. En Paiporta, considerado el epicentro de la tragedia, solo el 20% de los comercios ha logrado reabrir, según datos de la cámara de comercio de la Comunidad Valenciana.